Aunque haya sido aprobada por el Senado de la República una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y si bien se modificarán más de cien artículos, uno de los aspectos más destacados es la autorización para que funcionarios de empresas paraestatales, organismos autónomos y empresas de seguridad privada puedan contar con licencia para portación de armas.
“Algo con lo que no todos los ciudadanos estamos de acuerdo, pues así como ellos creen que tienen derecho a defenderse, el pueblo también, ya que a nivel país se vive en zozobra ante la delincuencia”, señaló el gestor social Abraham Roberto Simón Díaz.
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Mencionó que si bien en cada rincón de México es prioridad la seguridad de las áreas estratégicas y la seguridad pública, también la población necesita tranquilidad y paz. Saber que más personas estarán autorizadas a portar armas genera preocupación en las familias.
“Es un tema delicado que no se analizó con la profundidad ni seriedad que merece. Dar armas a personal no preparado emocionalmente puede derivar en situaciones no deseadas”, advirtió.
Simón Díaz consideró que la medida fue aprobada de manera precipitada y sin consulta ciudadana, a diferencia de otros temas de menor trascendencia. “Este cambio a la ley debió ser sometido a votación ciudadana. Al final, convivimos con estos funcionarios en las calles y oficinas”, declaró.
Además, cuestionó si la aprobación de esta reforma abre la puerta a que los ciudadanos también exijan el derecho a portar armas, considerando los altos índices de inseguridad en comunidades como Carmen.
“No se trata de armar a todos, sino de implementar estrategias reales de seguridad. El camino no puede ser llenar de armas al país”, añadió.
El gestor social también mencionó otros alcances de esta ley, como nuevas disposiciones para actividades como la charrería, la cacería y para las empresas de seguridad privada. En el caso de la charrería, se permitirá el uso de revólveres de mayor calibre como parte del atuendo tradicional, pero sólo si permanecen descargados.
Finalmente, pidió aclarar bajo qué condiciones podrá un trabajador armado desenfundar su arma, y alertó sobre posibles abusos. “¿Qué pasará si un ciudadano reclama un cobro excesivo de luz y el trabajador de la CFE se siente agredido?”, cuestionó. “¿Será válido que reaccione con un arma? ¿Un cazador podrá solo portarla y generar pánico? Esa es la preocupación compartida”, concluyó el facilitador comunitario.
JY
