Ivi May DzibApuntes de un escribidor
Durante los últimos días, varias instancias, artistas y público en general se han solidarizado con María Elena Ríos Ortiz, quien sufriera un ataque con ácido que le dañó la cara y otras parte del cuerpo, mas el culpable goza de toda la protección del Estado y a más de tres meses del ataque no parece que el Poder Judicial del gobierno de Oaxaca quiera hacer algo al respecto, y es que si de algo se ha jactado el empresario y exdiputado del PRI, Juan Vera Carrizal, culpable del atentado contra la vida de Ríos Ortiz, es de ser amigo del gobernador de la entidad, Alejandro Murat Hinojosa.
El caso de María Elena permanece impune y ella no recibió el apoyo médico ni la asesoría legal necesaria, ya que lamentablemente fue víctima de un depredador que goza de un poder ilimitado capaz de cegar vidas sin problema alguno, su caso empezó a ser escuchado gracias a las redes sociales y al empeño de sus familiares, quienes se han movilizado para que se le haga justicia. Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador fue de gira a Oaxaca, los familiares de María Elena se encargaron de exponerle el caso, por lo que AMLO giró instrucciones a un funcionario para que siguiera de cerca el caso. La idea de las autoridades oaxaqueñas era dejarlo en el olvido, pero ha sido la presión social la que ha motivado que el gobierno de Murat reconozca la gravedad de la heridas de María Elena y le haya brindado, tres meses después, atención de calidad con el fin de que esto fuera olvidado.
Lo cierto es que no conforme con el ataque, el hecho de que la familia se haya movilizado, pedido apoyo, haya denunciado de manera pública al atacante y haya hecho que organizaciones, artistas de México y otras partes del mundo miraran este caso, ha generado molestias por parte del victimario, quien ha amenazado de muerte a María Elena y a su familia si no deja las cosas por la paz.
Este caso no es algo aislado que sucede en el país, sino una constante en que, bajo el cobijo del poder, alguien es capaz de destruir vidas y familias de manera impune. Este es un caso que se hace público, y no se compara con los que se mantienen en silencio, gracias al poder y a las autoridades de todas las instituciones. Alguien me dijo que platicaba con una mujer que estaba muy triste porque su exesposo se había llevado en venganza a su hijo pequeño y no había vuelto a saber de él, pero cuando fue a denunciar el caso a la Fiscalía, le dijeron que nada podían hacer porque era el padre quien se lo había llevado y no había delito que perseguir. La desidia de las propias autoridades solapa los abusos, pero también la desidia ciudadana, que ha decidido cerrar los ojos porque no quiere verse afectada, pero lo que sí hace es exhibir y burlarse de quienes piden un poco de justicia.
Una vez, leí un comentario en las redes sociales sobre un caso igual de grave, en que la víctima había sido una niña que fue brutalmente violada y lo que se pedía era justicia, exhibiendo cómo las autoridades incluso habían cometido errores para aplicar una sentencia mínima al asesino, entonces un tipo ya con licenciatura y ejerciendo la docencia, decía algo así como: “No es que esto no me enoje, pero primero deberían perseguir a las feministas que vandalizan la Ciudad de México”; el comentario era de alguien que vive en esta ciudad y que le importa más unas ruinas ideológicas que no ve, un panorama que posiblemente nunca observará ni formará parte de su entorno que la posibilidad de conectar con el dolor del otro.
La indignación ha dejado de ser parte de nosotros y el silencio cómplice lo ha sustituido, pero como no podemos quedarnos callados, preferimos que se castigue al otro, al que intentan alzar la voz contra las injusticias porque, en tiempos como estos, hacer algo así se torna imperdonable.
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