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LOS ANGELES, EE.UU., 30 de enero (EFE).- Abogados de inmigración alertaron de que la nueva política del Gobierno de Estados Unidos de retornar a México a solicitantes de asilo será una “debacle” que, opinan, obstaculiza el derecho a obtener asesoría legal y pone en riesgo el debido proceso al que todas las personas tienen derecho en el país.
“Es claramente un ataque a los solicitantes de asilo que vienen de Centroamérica y México porque les están quitando el derecho del proceso debido establecido por la ley. Esto significa una debacle para el sistema de asilo”, advirtió el jurista Víctor Nieblas, expresidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA).
El “Protocolo de Protección a Migrantes” (MPP, por su sigla en inglés), que establece que migrantes que pidan asilo a EE.UU. y no puedan demostrar que su vida corre peligro en México permanecerán en el país vecino mientras se procesa su petición, comenzó a ponerse en práctica este martes con la devolución de un hondureño.
Nieblas recalcó que la medida no otorga todas las protecciones que la ley establece para los solicitantes, como tener acceso a un abogado, consejo y representación legal.
Por este motivo, grupos de defensa de los derechos civiles ya anticiparon que podrían acudir a los tribunales para frenar su aplicación. Tradicionalmente los solicitantes de asilo que ingresaban al país por puertos fronterizos o eran detenidos al pasar la frontera podían realizar dentro de EE.UU. el proceso, bajo el plan MPP, estos inmigrantes tendrán que esperar en México, incluso si su caso es enviado frente a un juez de inmigración.
Leidy Pérez-Davis, consejera de AILA, precisó que el plan representa un problema complejo y de varias aristas para los abogados de inmigración.
La experta advierte que el primer obstáculo que enfrentan los solicitantes es que el plan no permite el acceso a un asesor legal en las dos primeras evaluaciones que realizan las autoridades federales en la frontera. En este punto, la administración se resguardó bajo la ley que restringe la presencia de un abogado en una “inspección primaria o secundaria” en un puerto de entrada.
Pérez-Davis resalta que no permitir tener un abogado presente en estas evaluaciones afectará el caso del solicitante, porque ahora además de demostrar que tiene motivos para solicitar el asilo, el solicitante deberá probar que su vida corre peligro si es regresado a México.
El problema por la falta de representación legal no terminaría cuando el migrante es aceptado en el programa MPP, y Nieblas y Pérez-Davis aseguran que en ese momento el desafío aumenta exponencialmente
Y ponen como ejemplo cómo sabrán los migrantes qué servicios legales contactar.
Pérez-Davis también advierte que no hay “nadie” que pueda supervisar cómo las autoridades están entregando esta información.
El acceso a los recursos y documentos, como traducciones, documentos de identidad, y certificados de nacimiento, entre otros, clave que una persona necesita para ser considerado creíble, y para probar su caso, también estará severamente restringido.
Nieblas también llama la atención sobre los costos que se incrementan para poder atender a clientes que están fuera del país. “De por si los recursos de esos solicitante son limitados o no tienen, qué va a pasar ahora cuando el abogado tiene que ir hasta México” se pregunta.
En la implementación del programa piloto, México recibirá diariamente a grupos de aproximadamente 20 migrantes centroamericanos que cumplan con requisitos establecidos anteriormente, tales como ser adultos, no ser menores no acompañados y no tener historial criminal o problemas de salud.
Aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo en un comunicado que los inmigrantes sujetos a este plan “son protegidos en base a las obligaciones internacionales y estadounidenses, los abogados pronostican un caos como pasó con la prohibición a viajeros de siete países de mayoría musulmana.
Ya entonces AILA solicitó a la Administración que modifique sus reglamentos para permitir la representación legal durante la inspección primaria y secundaria en los puertos de entrada.
La asociación hizo nuevamente un llamado al Gobierno para que permita la presencia de abogados en estas entrevistas.