A partir de este 1 de enero de 2024 California se convirtió en el primer estado de los Estados Unidos en ofrecer atención médica gratuita para todos los migrantes indocumentados de bajos recursos.
Una nueva ley estatal permitirá que los extranjeros indocumentados de 26 a 49 años de edad que estén por debajo de ciertos umbrales de ingresos permitirá que tengan acceso a la cobertura completa de la ayuda oficial estatal Medi-Cal como ya lo estaban otros segmentos de esta población.
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Cifras oficiales señalan que en 2022 los indocumentados de todas las edades representaban el 40 por ciento de los aproximadamente 3.2 millones de residentes del estado sin seguro.
Medi-Cal es la versión californiana del Medicaid, el programa con recursos federales y estatales que brinda seguro médico a personas de bajos recursos.
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Con esta expansión de elegibilidad California, estado dirigido por el gobernador demócrata Gavin Newsom, avanza en su ambicioso plan de otorgar cobertura médica a todos sus residentes, unos 39 millones de personas.
Asimismo se espera que la medida favorezca a más de 700 mil migrantes con un costo de más de 2 mil 600 millones de dólares anuales.
La medida supone el mayor esfuerzo para proporcionar seguro médico a los californianos en una década.
California ya permitía que una buena parte de los residentes indocumentados tuvieran acceso a Medi-Cal.
En 2015, los menores sin estatus migratorio fueron los primeros en tener acceso a este programa. Cuatro años después, la elegibilidad se amplió a los menores de 26 años. Y en mayo de 2022, el estado comenzó a cubrir a las personas de 50 años o más.
El Departamento de Servicios de Atención Médica de California (DHCS) advirtió de que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) no considera el acceso a los servicios de salud de Medi-Cal como una “carga pública” por lo que no afectará posibles solicitudes para regularizar el estatus migratorio de sus beneficiarios.
Agregó que la información proporcionada por los indocumentados solo se usará para determinar si califican.
Las leyes estatales protegen la privacidad de su información.
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