Un gran jurado federal en Chicago presentó cargos contra Jesús Omar Ibarra Félix, identificado por autoridades estadounidenses como presunto jefe operativo del Cártel de Sinaloa y líder de un grupo armado vinculado a la facción de “Los Chapitos”.
De acuerdo con la acusación formal, Ibarra Félix —también conocido como “El Chuta”— habría encabezado un grupo de seguridad armado denominado “Las Fuerzas Especiales de Chuta” (FECH), que operaba en respaldo de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, tras su captura en 2016.
Cargos por terrorismo, drogas y armas
La imputación señala que entre 2016 y 2026 el acusado habría suministrado ametralladoras y coordinado acciones armadas para proteger operaciones delictivas del Cártel de Sinaloa, organización que en Estados Unidos está designada como grupo terrorista extranjero.
Además, se le acusa de conspirar para introducir metanfetamina y fentanilo a territorio estadounidense, así como de desempeñarse como “jefe de plaza” en la región de Ahome, en el estado de Sinaloa, supervisando actividades de tráfico de drogas.
Entre los presuntos co-conspiradores figura Fausto Isidro Meza Flores, quien ya había sido acusado en 2019 en otro proceso federal y se encuentra en la lista de los más buscados del FBI.
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Las autoridades informaron que Ibarra Félix no se encuentra bajo custodia y que ya fue emitida una orden de arresto en su contra. De ser declarado culpable, podría enfrentar cadena perpetua en una prisión federal.
Operación federal contra cárteles
El anuncio fue realizado por fiscales de Illinois y California, junto con el FBI y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), como parte de una estrategia nacional para combatir organizaciones criminales transnacionales.
Funcionarios estadounidenses subrayaron que el proceso judicial forma parte de un esfuerzo más amplio para desmantelar redes dedicadas al tráfico de drogas sintéticas y frenar la violencia asociada a estas estructuras.
Las autoridades recordaron que una acusación formal no implica culpabilidad y que el imputado tiene derecho a un juicio justo en el que el gobierno deberá probar los cargos más allá de toda duda razonable.
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