De ascendencia coreana, Yang Kyung María Jun Borrego tenía 21 años, estudiaba psicología y su último empleo fue en un restaurante en la colonia Roma de la Ciudad de México. Su familia nunca convivió con Jorge Humberto Martínez Cortés –apodado “El Matanovias”–, pese a que se fue a vivir con él a los 18 años. Se conocieron en un bar de la Condesa, donde él era mesero. Tuvieron cuatro años de relación convulsiva. Terminaban y regresaban. Los amigos de Yang contarían después a Mónica Borrego, mamá de Yang, que Jorge era celoso.
En ese tiempo, Mónica regresó a casa un par de semanas. Tras otro distanciamiento, en septiembre de 2014 volvió a vivir con él, en la colonia Doctores. “La asesinó dos semanas después”, musita Mónica. “Ella intentó esconder la violencia que vivió. Si tenía un problema con ese tipo, [Yang] prefería llamar a mi novio”, comparte Ana, hermana de la víctima.
Ciudad de México, 6 de noviembre (Vice/SinEmbargo).– Sentí una espantosa presión en el pecho, me faltaba aire, tenía ganas de vomitar. Pensé que me daría un paro cardiaco. No sabía que era un ataque de ansiedad, y pasó, al inicio de 2018. Estaba sola. Había ido a un evento a escuchar a mamás hablar de feminicidios y desaparecidas. Me impactó demasiado que no supieran el paradero de sus hijas desde años atrás. No alcanzas a entender, no tiene límite la violencia. Es casi sentirte afortunada por haber enterrado a tu hija. Fue muy impresionante.
Esa vez, de verdad, sentía que iba a morir. Le hablé a mi pareja, hice ejercicios de respiración y me tranquilicé.
Con el asesinato de Yang, mi vida se fracturó. Me he vuelto solitaria. Para mitigar el dolor, la ausencia, recurrí al alcohol y al tabaco. Mi pareja y yo nos distanciamos. Con la familia es difícil convivir, no puedo hablar todo el tiempo de mi estado. No saben manejarlo. No sé si debo mencionar esto en las reuniones. El contacto con familiares y amigos ha disminuido.
Sé que tengo que continuar, hay que sanar varias cosas. Poco antes de que Jorge asesinara a mi hija, había finalizado una carrera corta de gastronomía. El plan de poner un negocio propio, de trabajar, se truncó. En ese sentido, estoy minusválida. El papá de Yang es apoyo económico, me dedico a esto al 100 por ciento gracias a esa ayuda. Él sostiene económicamente la casa, pero se ha cerrado al tema.
Cuando la noticia salió en medios, era complicado que familia, conocidos y vecinos me dijeran: “Mónica, te vi en la televisión”. No sé manejar esas situaciones. Trabajé con un tanatólogo, pero no me gustó. Accedí a ir a terapia con el psicólogo del Gobierno. Fue aceptable, me ayudó a entender qué es el duelo, trabajarlo. De todas formas, a veces estás arriba, otras abajo. Hay remordimientos, me sentía culpable hasta de reír. Días la he pasado muy mal.
Debo aprender a vivir con la muerte y el dolor. Cuando se viene su cumpleaños, la Navidad, Año Nuevo, es muy difícil, recuerdas que no está. Debo superarlo, pero no puedo aún, no sé si podré. Conozco a mamás que tienen un altar de su hija en casa, yo no podría. Es un trabajo diario para no hundirte.
La familia se fragmenta. Mi hija mayor me dijo: “No puedo con esto” y se fue. Con Ana, mi otra hija, lo hablo, me apoya, va conmigo a todos lados. No sé si eso es sano o curativo para ella, pero dice que la justicia sería un alivio.
LA SOLICITUD DE ALERTA EN LA CAPITAL
Tres organizaciones –Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Justicia Pro Persona y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria– solicitaron el 19 de agosto de 2017 la Alerta de Violencia de Género (AVG) para la Ciudad de México, que podría convertirse en el estado número 15 de 32 en recurrir a este mecanismo.
Este es un nuevo proceso que encabezan Nahyeli Ortiz y Omayra Ochoa, directivas en Justicia Pro Persona e integrantes del Observatorio. El primero lo vivieron, en conjunto con otras organizaciones y dependencias del Gobierno de la ciudad, cuando se construyó el tipo penal de feminicidio, en 2011, y, luego, la implantación de un protocolo.
Ha sido un camino largo. Se logró constituir un comité –integrado por agrupaciones civiles y autoridades– cuya función es darle seguimiento a los procesamientos, investigaciones y sanciones.
Las expertas lamentan que, siete años después, exista en los servidores públicos, quienes se enfrentan cara a cara con las víctimas, una actitud de negligencia y omisión. “¿Cómo podrían restablecerse así las familias? Los feminicidios se investigan como homicidios. Hemos trabajado mucho para que las instituciones incorporen la perspectiva de género”, exclama Ortiz. “Las víctimas de violencia, cuando denuncian, se les responsabiliza. Los casos quedan en impunidad y terminan en feminicidios”, secunda Ochoa.
“No sabemos cuál es el interés del Gobierno al no reconocer el problema. Aunque se investiguen como homicidios, la crueldad con que se asesina a mujeres es evidente y no se plasma en las investigaciones. Invisibilizan la violencia ante los ojos de los juzgadores”, retoma Ortiz.
El MP pierde pruebas y no son removidos los servidores públicos negligentes. “Hay corrupción impresionante en la procuración de justicia”, denuncian las expertas.
Por todas estas razones se solicitó la Alerta de Género, pero el trámite se ha extendido. Un grupo de académicas presentó un informe sobre el problema en marzo pasado, cuando tenía que haber sido en diciembre de 2017.
“Debería ser con más prontitud”, apunta Ochoa. Las académicas crearon el informe a partir de casos, cifras, contextos de la ciudad. Entrevistaron a víctimas y organizaciones y efectuaron recomendaciones. El Estado debe atenderlas y efectuar una nueva evaluación, con carácter de urgente.
El órgano responsable de todo el proceso es la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contras las Mujeres (Conavim), de la Secretaría de Gobernación, y tiene la responsabilidad de convocar al Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) para tomar la decisión de declaratoria.