Por Víctor Rodríguez
PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, 14 de octubre.- Por transgredir con el orden económico, la violación de los derechos humanos y garantías constitucionales, empresarios adheridos al Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya (CCERM) se ampararon ante el Juzgado Quinto de Distrito contra la colocación y operación del sistema de parquímetros, así como de bicicletas compartidas, otorgado por la administración municipal 2016-2018 de manera arbitraria, irregular e ilegal.
El amparo y protección de justicia federal es en contra de la empresa Promotora de Reordenamiento Urbano S. A de C. V., la cual obtuvo de manera irregular durante la vigésima octava sesión ordinaria de cabildo, encabezada por la alcaldesa Cristina Torres Gómez (actual diputada plurinominal), celebrado el 10 de noviembre de 2017, la concesión para la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio público del municipio de Solidaridad con la instalación de 196 parquímetros y el sistema de bicicletas compartidas.
Por lo cual, el 8 de abril de 2018 con Samaria Angulo Sala como alcaldesa interina publicó la licitación pública nacional MSO-OM-CONLRP-001-2018 y el 30 de abril del mismo año falló a favor de la empresa Promotora de Reordenamiento Urbano S. A de C. V., a título de concesión por 15 años y con la posibilidad de ampliarlo otros 15 años, a razón de 12 pesos la hora y que multiplicado por más de 5 mil cajones controlados obtendría 200 millones de pesos al año y más de 3 mil millones por la duración del mismo.
En ese sentido, el presidente del CCERM, Lenin Amaro Betancourt, apoyado por la abogada especialista Sonia Gutiérrez, así como de las 21 cámaras empresariales, asociaciones, colegios, cooperativas turísticas y grupos de ambientalistas, en un solo frente común, anunciaron el ingreso de un amparo colectivo contra la instalación y operación de los parquímetros, trasgrediendo el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el orden económico que le compete al Estado.
“Con el procedimiento de concesión se vulneró la posibilidad de que los sectores sociales y privados fuéramos incluidos en la toma de decisiones que afectan al municipio, ya que la principal actividad económica es el turismo, a lo cual el Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya y las cámaras que lo integran nos dedicamos, por ello se afecta la competitividad, la creación de empleos y a los turistas”, asentó Amaro Betancourt.
Reconoció que la supuesta licitación nacional en 2018 fue la 001, bajo protesta de decir verdad, al hacer la búsqueda en el portal del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), en la Plataforma Nacional de Transparencia consultapublicamx.inai.org.mx , relacionado con el IDAIP del estado de Quintana Roo (idaipqroo.org.mx ), para revisar los procesos de convocatoria, licitación y título concesión, no existen datos en estas plataformas que acrediten que se cumplieron con los criterios de publicidad y transparencia.
Asimismo, acusó que no ha sido localizada la convocatoria ni mucho menos la licitación de la administración 2016-2018, el acta de cabildo del 10 de noviembre de 2017 no fue publicada en el Periódico Oficial, además, como ciudadanos nunca fuimos consultados y somos directamente afectados en nuestra esfera jurídica, de modo que acuden ante la autoridad judicial federal para solicitar la revocación y caducidad de la concesión, un hecho que también tiene que ver con la voluntad política de la actual presidenta municipal Laura Beristain Navarrete, su cabildo y la décima sexta legislatura del estado.