Por Gabriel E. Manzanilla
CHETUMAL, 9 de marzo.- En el marco del paro nacional #UnDíaSinNosotras, y por tercera ocasión en el estado, se presentó una iniciativa con la que se busca despenalizar la interrupción del embarazo antes de la semana 12 de gestación, tomando en cuenta la decisión de la madre y ya no sólo por riesgo de salud o si el producto es resultado de una violación.
La iniciativa, presentada por la diputada Ana Pamplona Ramírez, coordinadora del PT en la XVI Legislatura, se basa en el acceso a la salud como Derecho Humano; en este caso, busca proteger los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como el derecho a la libre determinación de la personalidad, no discriminación y vida digna.
De lograrse la propuesta, Quintana Roo se convertiría en la tercera entidad mexicana en despenalizar por completo el aborto, sumándose a Oaxaca y la Ciudad de México, donde la decisión de la mujer es reconocida en el marco legal.
La iniciativa fue presentada por Guillermo López Durán, asistente jurídico de la legisladora, quien se encargó de darle el trámite correspondiente ante la Oficialía de Partes del Congreso local, ya que Pamplona Ramírez se sumó al paro nacional #UnDíaSinNosotras.
Esta es la tercera ocasión en que se presenta una iniciativa para despenalizar todas las causales del aborto en Quintana Roo, ya que anteriormente se hizo el 24 de septiembre de 2019, a propuesta de las ciudadanas Yunitzilim Rodríguez Pedraza y Sandra María Guadalupe Cortés González. Dicha iniciativa pasó al pleno y comisiones del Poder Legislativo el 3 de marzo de 2019, pero a la fecha no ha tenido mayores avances.
De la misma manera, Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, presentó el 7 de abril de 2017 una iniciativa similar, en la que propone derogar los artículos 93 y 96, que sancionan a la mujer que voluntariamente se someta al aborto, y que modifica los artículos 94 y 97 para despenalizar el delito de aborto, dejando únicamente supuestos jurídicos en que será sancionado el delito, para limitar este derecho a la interrupción del embarazo a no más de 90 días de gestación del producto, o bien, cuando sea en contra de la voluntad de la mujer, por coacción o amenazas y en su caso por negligencia o culpa de las y los profesionales de la salud.
“Esta reforma es trascendental en el avance de los derechos de las mujeres quintanarroenses, atendiendo a las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus sigla en inglés) en su 52 período de sesiones, en donde en el punto 33 recomienda puntualmente al Estado para que, armonice las leyes federales y estatales relativas al aborto, a fin de eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que deseen interrumpir un embarazo de forma legal y amplíe también el acceso al aborto legal, teniendo en cuenta la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011 y la Recomendación General número 24 (1999) de este Comité”, se explica en la iniciativa del mandatario estatal.
La propuesta Legislativa consiste en una serie de reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones de la Constitución Política, del Código Penal, Código Civil y la Ley de Salud, todos del Estado de Quintana Roo.
“La discusión sobre el aborto no puede verse como un debate entre quienes están a favor de la vida o en contra de ella; estar a favor de la vida es respetar la dignidad y la libertad de las mujeres”, refiere la iniciativa, en donde se señala que la definición del aborto debe ser considerada desde su origen etimológico, ginecoobstétrico y de la medicina legal.
En su exposición de motivos, la diputada del PT propone reconsiderar la definición legal del aborto en Quintana Roo, para garantizar que los derechos humanos de las mujeres estén libres de barreras para su goce y ejercicio pleno, sin criminalizarla ni ponerla en riesgo, como lo han realizado las legislaturas de la Ciudad de México y Oaxaca.
La mujer, con frecuencia, se ve privada del disfrute de sus derechos humanos; la tradición y las costumbres sociales, han definido a la mujer como un ser inferior al hombre, lo cual también se ve reflejado en las leyes, por lo que es necesario poner un alto a la elaboración de leyes que discriminan y criminalizan a la mujer, refiere la iniciativa de la diputada del Distrito XIII.
El documento expone que Quintana Roo lidera la lista de abortos legales en el sureste del país, ya que de 2007 a septiembre de 2019, acudieron a la Ciudad de México un total de 130 mujeres quintanarroenses que buscaron interrumpir el embarazo. En segundo lugar se encuentra Tabasco con 54 mujeres; seguido de Yucatán, donde 32 mujeres viajaron a la capital del país para conseguir un aborto legal y en último se posicionó Campeche, con 16 casos registrados, de acuerdo con las estadísticas de mujeres atendidas en servicios de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) de la Ciudad de México.
Además se indica que, aunque en Quintana Roo existen cuatro causales por las cuales el aborto no es criminalizado, la permanencia de una regulación penal con respecto al aborto continúa provocando la denuncia y criminalización de las mujeres que deciden interrumpir un embarazo.
Según un estudio realizado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), con datos obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información pública, la criminalización por el delito de aborto en Quintana Roo de agosto de 2012 a diciembre de 2013, fue de 81 denuncias recibidas por el delito de aborto, que lo posicionan entre los estados con las cifras más altas.
Entre el 2015 y el 2019 en el estado de Quintana Roo se registraron 27 denuncias por aborto y fue el año 2019 el de mayor número de denuncias registradas con nueve.
Respecto de las sentencias por aborto en sentido condenatorio, al 2018 se tenían registrados en Quintana Roo cinco casos con sentencia condenatoria, se explica en la propuesta Legislativa.
Se añade que, ante la creciente incidencia del embarazo en adolescentes en el estado y la limitada contención y prevención del fenómeno, es de señalar que también se registraron abortos en adolescentes. En Quintana Roo, entre el 2015 y el 2017, un total de cuatro adolescentes de entre 15 y 19 años fueron registradas en el sector salud con el diagnóstico de aborto.
En otra parte se indica que el aborto es un problema de salud pública y que las mujeres que así deciden se lo practican en condiciones de riesgo, por personas sin capacitación o experiencia, o en un ambiente que carece de los estándares médicos mínimos. Según el Consejo Nacional de Población, el aborto es la tercera causa de muerte entre las mujeres embarazadas.
Al estar penalizado y no tener ninguna garantía de acceder a este derecho, las mujeres se ven implicadas a tener que tomar decisiones desinformadas, en muchas ocasiones solas, lo que causa la práctica de los abortos clandestinos.