La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó el proyecto “Camino Artesanal Puerta al Mar”, una obra impulsada por Defensa para conectar la cabecera municipal de Felipe Carrillo Puerto con la costa de Vigía Chico, en Quintana Roo, donde se prevé una inversión superior a los 600 millones de pesos.
La resolución pone fin a un largo proceso que estuvo marcado por protestas, bloqueos, consultas públicas y cuestionamientos sobre los impactos ambientales de una de las obras más controvertidas desarrolladas en la zona maya durante los últimos años. De acuerdo con el resolutivo ambiental, el proyecto contempla una fase de construcción de seis meses y una etapa de operación de hasta 50 años, aunque la vía prácticamente ha sido concluida.
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La autorización llega después de que la dependencia federal analizara la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por Defensa y de que se llevara a cabo un proceso de consulta pública para recoger opiniones de ciudadanos, especialistas y organizaciones interesadas. El ensanchamiento de la vereda fue el argumento del Gobierno para iniciar con la obra. Aunque se planteó inicialmente como un sendero de 57 kilómetros que permitiría conectar el municipio Felipe Carrillo Puerto, la estación del Tren Maya y el mar, este proyecto culminará como un desarrollo turístico.
Los pobladores advierten, incluso, que las actividades turísticas en la “Puerta al Mar” sean precisamente eso: el comienzo de más desarrollos masivos que pongan en mayor peligro el equilibrio de la reserva de Sian Ka’an, la cual ha sido cuidada por su riqueza ambiental desde mediados de los años 80, cuando fue incluida como Reserva de la Biósfera.
Modernización, rehabilitación e infraestructura turística
De acuerdo con la MIA elaborada para Defensa, el proyecto consiste en la rehabilitación y modernización de 54.6 kilómetros del tramo Felipe Carrillo Puerto-Vigía Chico. Además del camino, se incluye infraestructura turística considerada de bajo impacto.
La obra contempla un tramo asfaltado de aproximadamente 22 kilómetros y otro denominado camino artesanal de poco más de 32 kilómetros. También prevé la construcción de una estación de transferencia, áreas de estacionamiento, locales comerciales, sanitarios, zonas administrativas, módulos de servicios, consultorio médico, infraestructura para bicicletas y espacios de atención para visitantes.
La documentación también señala que se realizarán trabajos de rehabilitación en el museo histórico de la cabecera municipal y la edificación de infraestructura turística sobre pilotes en el área de Playa Vigía Chico.
Tiempo de validez
El proyecto fue diseñado para ejecutarse en un periodo de 18 meses, aunque la autorización definitiva establece una construcción de medio año y una operación proyectada de cinco décadas. Uno de los puntos más controvertidos fue su impacto sobre los ecosistemas. La MIA reconoce que será necesario realizar un cambio de uso de suelo en terrenos forestales para una superficie de 1.548 hectáreas de selva mediana subperennifolia, principalmente en el sector donde se instalará la estación de transferencia.
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Sin embargo, el documento sostiene que dentro de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an no se prevé el retiro de vegetación forestal para la ampliación de la vía, debido a que se utilizará el trazo ya existente. La única remoción prevista en esa zona corresponde a algunas palmas de coco consideradas especies invasoras.
Advierten sobre riesgos
Especialistas y grupos ambientalistas advirtieron sobre riesgos asociados a la fragmentación de hábitats, el aumento de la presión turística, la posible contaminación de cuerpos de agua y la alteración de ecosistemas cercanos a la costa.
La documentación ambiental también reconoce posibles impactos derivados de la construcción y operación de la infraestructura, así como alteraciones relacionadas con ruido, tránsito vehicular, residuos y presencia humana en una zona que conserva importantes áreas de vegetación natural.
Con la autorización ambiental ya emitida, “Puerta al Mar” entra ahora en una nueva fase. La resolución permite continuar formalmente con un proyecto que durante casi tres años estuvo rodeado de cuestionamientos legales, ambientales y sociales. Aunque la autorización representa un respaldo institucional a la obra, el seguimiento de las medidas de mitigación, compensación y protección ambiental será uno de los aspectos que permanecerán bajo observación.
La vía se perfila como una de las obras de infraestructura más relevantes de la zona maya en los últimos años. Al mismo tiempo, seguirá siendo un caso emblemático dentro del debate nacional sobre desarrollo, turismo, conservación y participación comunitaria en proyectos de gran escala.
