El presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, César Antuña Aguilar, declaró que la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de Yucatán, aprobada esta semana en el Congreso local, no frenará el aumento de las demandas de los empleados que son despedidos en los Ayuntamientos.
La nueva legislación busca frenar pagos millonarios por laudos laborales, que era una problemática frecuente que se presentaba en los municipios, pero no evitará que las demandas se sigan interponiendo.
“Es una medida buena para que quede apegado a la reforma de la ley laboral del 2012, pero también hay que buscar una forma de que los Ayuntamientos, a pesar de que ya van a tener este candado, cumplan, porque esto no va a evitar que los juicios crezcan, habrá un crecimiento si no pagan, acá lo importante es que paguen”, señaló Antuña Aguilar. También dijo que los laudos ya sentenciados tendrán que pagarse porque la ley no es retroactiva, y los que están en proceso acá hay que ver cómo viene el decreto, no ha sido publicado, no sabemos si sólo aplica para juicios nuevos o los que están en trámite.
“Legalmente debería ser para los nuevos juicios a partir de la fecha de la publicación del decreto, pero no sabemos, hay que esperar a que salga en el Diario Oficial, no sé si los diputados pusieron un acuerdo en la sesión”, dijo.
Recordó que alcaldes de más de 80 municipios deben pagar más de 450 millones de pesos, por más de dos mil ex trabajadores que ganaron sus demandas laborales por despidos injustificados de Ayuntamientos anteriores.
El caso Hunucmá
Por ejemplo, el Ayuntamiento de Hunucmá tiene acumuladas 27 demandas que comenzaron en la administración de 1998-2001, adeudos generados por seis gobiernos municipales sumando entre 25 a 26 millones de pesos.
Esta nueva reforma busca no acumular laudos millonarios y pagar “salarios caídos” a los ex trabajadores demandantes, desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de 12 meses, a fin de que ya no se sigan acumulando hasta el momento que se les liquide, lo que en los últimos casos lleva varios años.
En caso de muerte del demandante, se dejarán de contar los “salarios caídos” por el conflicto a partir de la fecha del fallecimiento.
Asimismo se explicó que también se impondrán multas de hasta mil veces el salario mínimo a abogados litigantes o representantes que promuevan acciones dirigidas a prolongar u obstaculizar la sustancia de un juicio laboral, mientras que a los servidores públicos que incurran en irregularidades serán suspendidos hasta por noventa días de su cargo.
Cinco procesos
Hay que recordar que el Tribunal que preside Antuña Aguilar inició recientemente cinco procesos ante el Tribunal Colegiado Federal para destituir a igual número de alcaldes por no acatar laudos laborales condenatorios en su contra.
Se trata de Lizbeth María Cauich Puch, de Seyé; Liliana Araujo Lara, Tekantó; Diego Avila Romero, Tekax; Roger Aguilar Arroyo, Motul, y Erick Quijano González, Tixkokob.
Desde octubre del 2018 iniciaron los procesos en contra de Tekax, Tixkokob y Motul y se espera que pronto se turnen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para su resolución final, en un lapso aproximado de unos cuatro meses. Y si la SCJN procede, además de la destitución, se les fincaría responsabilidad penal y a los antecesores se les sumaría una inhabilitación para ocupar cargos públicos a futuro.
(Rafael Gómez Chi)