A un año de la despenalización del aborto en Campeche, la objeción de conciencia por parte del personal médico, e incluso no médico, continúa siendo la principal barrera para que las mujeres puedan acceder a este servicio, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que no es justificación para negarlo. En 2025 un total de 236 campechanas se practicaron la Intervención Voluntaria del Embarazo (IVE) con medicamentos de forma segura.
Organizaciones de la sociedad civil, como Católicas por el Derecho a Decidir México y la Red de Mujeres y Hombres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género de Campeche (Redmyh) A.C, sentenciaron que, a pesar de que la objeción es legal, por cuestiones religiosas o morales, los hospitales tienen la obligación de garantizar este derecho a las féminas, por lo que pidieron al Congreso del Estado reformar la Ley de Salud local para regular el tema.
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Durante la presentación del informe “Situación del Acceso al Aborto Legal en México con Énfasis en la Objeción de Conciencia”, expusieron que la despenalización del aborto en Campeche significó un avance histórico en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, resultado de años de lucha feminista y de organizaciones locales. No obstante, advirtieron que el cambio al marco penal no es suficiente si no se garantizan servicios de salud accesibles, oportunos y de calidad.
Aidé García Hernández, directora de Católicas por el Derecho a Decidir México, señaló que el Estado tiene la obligación de asegurar el acceso efectivo al aborto legal y seguro, y que la objeción de conciencia debe ser regulada para evitar que se convierta en un obstáculo estructural.
Lilian Reyes Gutiérrez, subdirectora operativa de la organización, explicó que el informe recoge una investigación cualitativa realizada en 19 Estados del país, donde se identificó que la objeción de conciencia colectiva e institucional, sin regulación clara, vulnera el acceso al aborto, la autonomía reproductiva y la libertad de conciencia de las usuarias.
Adriana López Belda, oficial de Despenalización Social y Acceso a Servicios de Aborto, destacó la importancia de avanzar en la despenalización social para erradicar el estigma y los juicios morales tanto en los servicios de salud como en la sociedad.
Isabel Rodríguez Casanova, representante de la Redmyh, expuso que pese a la despenalización, mujeres y personas con capacidad de gestar continúan enfrentando negativas y retrasos en hospitales públicos, incluso por parte de personal administrativo. Detalló que, ante estas barreras, las organizaciones civiles atendieron en 2025 a 236 mujeres que accedieron a la IVE con medicamentos de forma segura, y reiteró el llamado a las instituciones de salud y al Poder Legislativo para reformar la Ley de Salud estatal y garantizar servicios libres de estigma, accesibles y culturalmente pertinentes.