Presuntas prácticas de corrupción dentro de la oficialía del Registro Civil de San Antonio Cárdenas fueron denunciadas por el abogado Miguel Cicler Pérez, quien aseguró que el titular de dichas oficinas exige a los ciudadanos pagar cantidades adicionales que no corresponden a los derechos establecidos por la ley. Lamentó que este no sea un hecho aislado ni reciente, sino un problema de años que acumula quejas en comunidades que no son cabecera municipal.
El abogado explicó que el pago oficial de derechos está definido y publicado por la autoridad estatal, e incluso se paga directamente ante la Secretaría de Finanzas. Ejemplificó el caso de la sentencia declarativa de divorcio, cuyo derecho ronda los 216 pesos, sin embargo, aseguró que el oficial de la comunidad, ubicada en la Península de Atasta, exige pagos extra de entre 500 y 1,500 pesos, argumentando que el Gobierno del Estado no les paga lo suficiente y que necesitan “completar” su sueldo, cobrando al ciudadano por un servicio ya cubierto por la ley.
Noticia Destacada
Joven carmelita representará a México en olimpiada científica en China
Señaló que esta situación genera un grave daño económico, especialmente a personas de bajos recursos que buscan legalizar su situación civil. Expresó que, cuando el ciudadano o abogado se niega a pagar, los trámites se retrasan deliberadamente, obligándolos a volver varios días para presionar el pago extra.
“Es una forma de operar en muchas oficialías del estado, no sólo en San Antonio Cárdenas”, dijo el licenciado, quien agregó que ha recibido reportes similares de Isla Aguada, donde también se habría detectado una constante de cobros indebidos.
Cicler Pérez indicó que ha sostenido comunicación con el director del Registro Civil Estatal y con el subsecretario de Gobierno en Carmen, quienes han reconocido que estas oficialías son “focos rojos”, pero no se han tomado acciones contundentes. Consideró que podría existir protección política o influencia de ciertos grupos, lo que estaría impidiendo que estos oficiales sean removidos, pese a las numerosas denuncias ciudadanas.
El abogado recordó que recientemente llevó a cabo una campaña de divorcios incausados gratuitos en su bufete jurídico, tramitando más de 80 expedientes cubriendo únicamente el pago de derechos, lo que lo llevó a enfrentarse directamente con estos cobros indebidos. Afirmó que la ley fue reformada para facilitar los divorcios rápidos y accesibles, pero la corrupción en las oficialías ha convertido estos procesos en una carga económica y emocional para la población.
Por último, hizo un llamado a la autoridad y a la ciudadanía: al Gobierno del Estado le pidió intervenir para detener estas prácticas, porque afectan el bolsillo, los derechos y la confianza de la gente; mientras que a la ciudadanía le pidió no dejarse intimidar, no pagar dinero extra y denunciar cualquier cobro indebido.
SÍGUENOS EN GOOGLE DISCOVER: DA CLICK AQUÍ