Zheger Hay Harb
La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) ratificó que 31 ex jefes guerrilleros citados en el caso 001 por secuestro deben entregar un informe en el que detallen las actividades de reincorporación que se encuentren desarrollando y si desean o no continuar en el proceso de paz.
Este llamado se les había hecho el pasado 23 de septiembre pero 27 de ellos presentaron recursos alegando que se les violaba el derecho al debido proceso y la presunción de inocencia.
El recurso les fue negado por la Sala de Reconocimiento que argumentó que la JEP tiene competencia para verificar el régimen de condicionalidad de su libertad de manera gradual, periódica y progresiva, en cualquier momento, conforme avanzan los casos. A partir de la fecha del Auto (8 de octubre) tendrán 10 días para que cumplan lo ordenado so pena de ser expulsados de esa jurisdicción y perder sus beneficios, debiendo ser enviados a la justicia ordinaria donde recibirían penas mucho más fuertes: en lugar de la restricción de libertad de máximo 8 años en la justicia especial, sin reclusión carcelaria, serían acreedores a una pena de entre 28 y 40 años de cárcel, según el código penal para el secuestro, primer delito por el que han sido llamados.
Los plazos pueden alargarse por presentación de recursos nacionales e internacionales como anunciaron dos de ellos, que acudirán a la Comisión Americana de Derechos Humanos.
El informe solicitado deberá detallar las acciones concretas que cada uno ha desarrollado para contribuir activamente a la reincorporación a la vida civil de forma integral, sus aportes a la verdad y a la búsqueda humanitaria de personas dadas por desaparecidas, a lo cual se habían comprometido.
Hay incertidumbre y preocupación especialmente por los casos de Romaña, El Paisa e Iván Márquez, quienes hacen parte de los 9 ex mandos de las FARC que se ausentaron de sus zonas de concentración alegando falta de garantías y temor por su seguridad física y jurídica, especialmente la posibilidad de ser capturados con fines de extradición, tal como ocurrió con Santrich.
Iván Márquez, ex jefe negociador en La Habana, envió una carta en la cual detalla una serie de incumplimientos sobre los cuales tiene toda la razón pero su conclusión es fatalista y no deja salida al acuerdo de paz por lo cual fue criticado por Antonio Lozada, quien ocupa una curul en el Senado en representación del partido FARC.
La JEP recibe presiones de muchos lados, incluso por parte de personas que han sido impulsoras de diálogos con la guerrilla, para que tome medidas de inmediato, esto es, para excluirlos del proceso. Por eso, aunque Iván Márquez tiene razón en muchas de sus quejas, debe sopesar que desde un comienzo, aún antes de la firma del Acuerdo, se sabía que el posconflicto no iba a ser un camino de rosas con tantos enemigos al acecho y que sin embargo ha habido logros innegables, especialmente en la forma como la sociedad percibe a la FARC y en la nueva vida que han podido emprender muchos de sus antiguos compañeros muy posiblemente desconcertados con su proceder.
Sus adversarios aprovechan su escondite y el de quienes lo acompañan para minar la justicia transicional con la cual se beneficia toda la base guerrillera y buena parte de sus mandos medios y de dirección que han empezado a transitar nuevos caminos políticos y sociales. Serían ellos los más perjudicados.