Zheger Hay Harb
La nota colombiana
Ya estábamos acostumbrados que la Justicia Especial de Paz (JEP) fuera atacada por los enemigos de la terminación negociada del conflicto armado interno, pero a partir de la presentación de los militares que se han acogido a ella, las críticas de los partidarios de la justicia transicional han cobrado una intensidad que siembra preocupaciones sobre el éxito de ese tribunal.
Las organizaciones de víctimas se han quejado de que en la audiencia de sometimiento del general ® Montoya se violó el principio de centralidad de las víctimas y se dio prioridad a las intervenciones del ex militar.
Esa audiencia había despertado gran expectativa entre esas organizaciones, porque, aunque no es el primer militar de alta graduación que se somete a la JEP, sí tiene una connotación especial con relación a las víctimas, que son el objeto central de esta jurisdicción, porque puede ser el epítome del victimario militar.
Fue él quien dirigió, conjuntamente con los paramilitares, la operación Orión en la comuna 13 de Medellín, que produjo un gran número de civiles muertos y desaparecidos. Fue además figura central en los falsos positivos, esa vergüenza para las fuerzas armadas cuando, bajo su comandancia y orientación, hubo militares que se dedicaron a asesinar a jóvenes inocentes de los sectores más pobres para presentarlos como bajas guerrilleras en combate.
Precisamente por esos dos casos se presentó el general ® ante la JEP en busca de que le sean otorgados los beneficios que esa jurisdicción puede brindarle, como libertad condicional inmediata, si cumple con los requisitos de verdad y compromiso con la reparación a sus víctimas.
Varias organizaciones sociales, entre ellas la Movice (Movimiento de Víctimas del Estado) señalaron, además de varias fallas de procedimiento, que “la Sala privilegió al general (R) Mario Montoya al dar trámite a la firma del Acta de Sometimiento omitiendo reconocer la calidad de víctimas y a sus representantes que se hicieron presentes en las dos sesiones de la audiencia”.
Aseguran que les negaban el uso de la palabra y rechazaron las peticiones que presentaron en un acto de parcialidad para favorecer al militar, por lo cual en señal de protesta ante ese irrespeto, se retiraron de la audiencia.
Las víctimas de los falsos positivos llevan diez años esperando que la justicia reconozca la atrocidad de esos crímenes. El mismo nombre con que son conocidos: “falsos positivos”, es un eufemismo para no llamarlos por el nombre que realmente merecen en el Derecho Internacional humanitario (DIH) y la justicia penal: ejecuciones extrajudiciales, homicidios cometidos en persona especialmente protegida por ser civiles que no hacen parte del conflicto armado. Y por su carácter sistemático son considerados delitos de lesa humanidad.
La política establecida en el gobierno de Alvaro Uribe de otorgarles beneficios a los militares que mostraran éxito en la lucha contrainsurgente, tales como permisos y compensaciones económicas, generó en algunos militares una competencia macabra por mostrar bajas de guerrilleros por lo cual optaron por la salida más fácil: presentar a ciudadanos inocentes (campesinos, desempleados y hasta discapacitados) como combatientes abatidos en encuentros con la guerrilla. En la fiscalía se adelantan investigaciones por 3,130 casos de desaparición forzada en ese carrusel de la muerte, pero muchos quedaron libres por vencimiento de términos; la agencia de Naciones Unidas para este tipo de delitos, ha dicho que la impunidad está por el orden del 98.5%.
Se han conocido investigaciones de la CIA, que no puede ser considerada precisamente de izquierda, que dicen que las desapariciones forzadas eran una conducta recurrente. Gracias al tesón de las madres de Soacha, como se les conoce por el nombre del pueblo del cual salieron varias de esas víctimas, algunos militares han sido condenados en la justicia ordinaria y ahora se acogen a la JEP. Tuvieron que dar una dura batalla para que por lo menos los victimarios no acudieran uniformados a las audiencias donde se burlaban abiertamente de ellas sin mostrar ningún signo de arrepentimiento.
Por eso cuestionan que los militares que fueron condenados en la justicia ordinaria ahora acudan a la JEP para obtener su libertad pero sin decir la verdad: “yo no he mandado matar a nadie”, dijo Montoya en la audiencia.
En su caso, cuando la fiscalía no pudo negar más un informe judicial que mostraba que durante su comandancia del ejército —entre 2006 y 2008— se reportaron 6,699 muertes en combate, 2,429 de las cuales posiblemente son asesinatos de civiles, el general ® se sacó de la manga el sometimiento a la JEP con lo cual la fiscalía pierde competencia, por lo menos hasta cuando este tribunal tome una decisión definitiva.
Tanto en este caso como en otros que se han sometido a la Jurisdicción de Paz, han dicho que no piensan reconocer crímenes porque son inocentes, con lo cual se viola el principio rector de la justicia transicional: reconocimiento de la verdad como parte de la compensación a las víctimas.
Por eso ellas se oponen a que la JEP le otorgue beneficios, porque, lejos de mostrar arrepentimiento, repite cínicamente que él sólo supo de esos crímenes por las denuncias de organizaciones sociales y que él fue acomodando su lenguaje y sus órdenes a lo que las ONG iban enseñando sobre DIH.
La JEP ha sido atacada violentamente por el fiscal general y los enemigos de la paz; su éxito está indisolublemente ligado al del proceso de paz, por eso el preocupante que ahora las críticas provengan de las víctimas, quienes deberían sentirse representadas por esa jurisdicción. De las decisiones que tome en este caso emblemático, dependerá en mucho la credibilidad de esta justicia transicional.