Zheger Hay Harb
El Centro Nacional de Memoria Histórica entregó a la JEP (Jurisdicción Especial de Paz) y a la Comisión de la Verdad, entidades creadas en el Acuerdo de Paz con las FARC, el producto de sus trabajos de recopilación de las memorias del conflicto, con el fin de que nutran sus actuaciones.
Es un acervo de 80 informes producto de sus investigaciones sobre hechos atroces, masacres, casos emblemáticos y actores del conflicto. Recogen las versiones de cientos de víctimas y también de sus victimarios; pero el centro de la actuación del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), como el de todos los organismos creados en virtud del acuerdo de paz, son las víctimas.
El CNMH fue creado en el marco de la ley de víctimas y de restitución de tierras, en 2011, que antecedieron a los acuerdos y les allanaron el camino. Su antecesor es el Grupo de Memoria Histórica, organismo independiente, conformado por académicos que recorrieron el país investigando el cómo y el porqué de varias de las peores acciones de guerra que han enlutado a este país. Cuando Juan Manuel Santos quiso darle envergadura institucional se resistieron ante el temor de que el gobierno pudiera llegar a interferir en su independencia, pero por fortuna no ha ocurrido así, pese a que ha habido intentos, pero el presidente Santos ha hecho respetar su independencia.
De hecho, se ha mantenido como su director al historiador Gonzalo Sánchez, de quien conocemos varias obras de investigación desde sus épocas de profesor e investigador de la Universidad Nacional. En su primera etapa contó en su planta de investigadores con muchos de los mejores del país y se ha convertido en referente para las organizaciones sociales y de víctimas que quieren que su voz sea parte de la historia del horror que han vivido.
Sus informes sobre las masacres de La Rochela, Trujillo, El Salado y Bojayá, así como hechos que afectaron profundamente a comunidades indígenas y negras han quedado consignados en informes como el de la masacre de Bahía Portete, en La Guajira, de la etnia Wayuu; El Placer, en la zona indígena del bajo Putumayo y Buenaventura, poblada por comunidades negras entre la miseria y la violencia.
También hay informes por temas y modalidades de la guerra, como la violencia sobre niños y adolescentes, limpieza social, minado del territorio, tomas guerrilleras, reclutamiento forzado, con análisis de contexto que explican el entable político y social en que se dieron.
En el ámbito urbano y regional, se entrega el informe Medellín: memorias de una guerra urbana; el Catatumbo, limítrofe con Venezuela, donde se resumen todas las violencias y Montes de María, escenario de tantas horrendas masacres. Como tema aún con aristas desconocidas, está el informe sobre la desaparición forzada y sus secuelas psicosociales; antropología forense y memoria histórica.
En cuanto a los actores armados, se ha investigado también la trayectoria de cada uno de ellos: FARC, ELN, autodefensas, grupos armados post desmovilización, así como factores que subyacen en el conflicto armado como las luchas por la tierra y la estigmatización y persecución política.
Las víctimas reclaman verdad y memoria, pero también justicia. A partir de estos informes, la JEP podrá nutrir sus investigaciones y la Sala de Reconocimiento tendrá elementos para, de acuerdo con la priorización, de casos, empezar a actuar para identificar a los responsables y hacerlos rendir cuentas.
Ahora el país podrá encarar muchas de las páginas más dolorosas de su historia, de las que muchos en las ciudades ni siquiera tienen noticias; se podrán conocer alianzas insospechadas para la mayoría de los colombianos, que contribuyeron a la degradación de esta guerra y responsabilidades directas e indirectas que, si bien han asomado en otras investigaciones como las de la parapolítica, aún es mucho lo que falta por conocer, investigar y sancionar y, sobre todo, reparar a sus víctimas.
“Hace 10 años el país no conocía las dimensiones de esta guerra, ni sus niveles de degradación. Tampoco reconocía los daños e impactos sobre el tejido social y sobre las comunidades campesinas, indígenas o afrocolombianas. Menos aún admitía las huellas de la violencia dejadas en mujeres, niños y niñas, personas pertenecientes a los sectores LGBT, los adultos mayores, o aún sobre los propios combatientes”, según reza el informe de entrega del CNMH a la JEP.
Ahora no podremos decir que no sabemos y, quienes buscan acabar con la JEP tendrán que enfrentar su complicidad en el ocultamiento de la verdad. Todos esos informes están abiertos al público y se encuentran en todas las bibliotecas públicas del país. Esperamos que así las comunidades puedan mirarse en su propia realidad, exigir con base en la verdad su reconocimiento como víctimas y trabajar en la reconstrucción de su tejido social.