WASHINGTON, EE.UU., 26 de enero (AFP7REUTERS).- Ante una factura creciente y una enorme presión política, el presidente Donald Trump finalmente renunció este viernes -aunque temporalmente- al financiamiento de su muro en la frontera con México, para poder acabar con el cierre gubernamental más largo de la historia de Estados Unidos.
El mandatario terminó aceptando lo que sus adversarios demócratas llevaban semanas exigiendo: poner fin a la parálisis presupuestaria antes de retomar cualquier negociación sobre medidas de control de la inmigración clandestina.
“Dentro de poco, firmaré una ley para abrir nuestro gobierno por tres semanas hasta el 15 de febrero. Me aseguraré de que todos los empleados reciban su pago retroactivo muy rápido o tan pronto como sea posible”, dijo Trump, quien comentó además que un comité bipartidista del Congreso se reunirá para elaborar un plan de seguridad para la frontera.
Horas después, el Congreso aprobó por unanimidad el proyecto de ley para reabrir la administración, al que sólo le falta la firma del mandatario republicano para entrar en vigor.
“Esperemos que el presidente haya aprendido la lección”, declaró el jefe de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer.
“Es triste que se haya necesitado tanto tiempo para llegar a una conclusión evidente”, dijo la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que reforzó a través de esa crisis su reputación de estratega.
La administración federal del país estaba parcialmente paralizada desde el 22 de diciembre, debido a una disputa entre el presidente y los demócratas sobre la financiación del muro que él quiere construir en la frontera con México.
Trump se negaba a financiar el gobierno mientras los demócratas, que tienen mayoría en la Cámara de Representantes, no aceptaran otorgar fondos para el muro.
Tras anunciar el acuerdo, el presidente amenazó con imponer un nuevo bloqueo presupuestario a partir del 15 de febrero si no se logra ningún acuerdo respecto al muro en las tres próximas semanas. Y mencionó incluso la posibilidad de declarar el estado de emergencia, lo cual le permitiría disponer de poderes extraordinarios para tomar decisiones sin el aval del Congreso.