Zheger Hay Harb
La derecha colombiana pretende hacer ver que las disidencias de las FARC son producto de un acuerdo de paz mal diseñado y son las responsables de la situación de violencia y zozobra que se vive en las zonas rurales del país.
Pretenden ocultar que las hoy conocidas como bandas criminales (bacrim) y muchas otras cuya enumeración sería imposible agotar, no son más que paramilitares que nunca se desmovilizaron.
Eso de las desmovilizaciones aparentes no son nada nuevo para el uribismo. No es sino recordar que el Alto comisionado de Paz del gobierno de Uribe se encuentra prófugo de la justicia tras ser acusado por la falsa desmovilización de un supuesto frente guerrillero al que llamaron Cacica Gaitana en honor a una heroína de la resistencia indígena a la sangrienta conquista española. Muy rápido se descubrió que quien fue presentado como comandante era un preso que, a no ser que tuviera el don de la ubicuidad de San Martín de Porres, no podía estar al mismo tiempo en la cárcel y en el monte dirigiendo la subversión. También se puso en evidencia que un avión que presentaron como entregado por la supuesta guerrilla en prueba de su decisión de dejar las armas era uno que había estado en un hangar del aeropuerto desde hacía años y tenía dueño probado.
La desmovilización de los paramilitares no fue más que la concentración de sus jefes en una hacienda de uno de ellos desde donde siguieron delinquiendo, entre otras cosas, ordenando asesinatos y traficando con drogas. Sus tropas quedaron casi intactas y presentaron como desmovilizados a muchachos que reclutaron para esa función ofreciéndoles dinero que al parecer nunca les pagaron. Después los principales cabecillas fueron extraditados por Uribe “cuando iban a empezar a hablar”, según dijo Mancuso, uno de los principales.
Ahora están llegando de su prisión en Estados Unidos, algunos luego de pagar penas irrisorias y al parecer con el grueso de sus fortunas resguardado. Varios de ellos y otros que permanecieron en el país están pidiendo ser admitidos en la Justicia Especial de Paz –JEP- donde prometen contar la verdad de sus ilícitos y reparar a sus víctimas, un capítulo prácticamente inexistente en su desmovilización.
La ley de Justicia y Paz bajo la cual se produjo el desarme de los paras, de justicia transicional tal como la que sirvió de marco a la desmovilización de la guerrilla, preveía penas rebajadas en relación con los estándares de la justicia ordinaria, algo que ahora Uribe y sus áulicos critican de la JEP. Los jueces de ese proceso, que ni de lejos estuvo tan bien armado como el del acuerdo con las FARC y por tanto no contaron con herramientas tan bien diseñadas, lograron avances en mostrar las entrañas del monstruo que fue el fenómeno paramilitar y reconocieron a un número importante de víctimas aunque con verdades incompletas y sin que recibieran reparación.
Ahora cursa en el Congreso un proyecto de ley presentado por un senador que participó de alguna manera en la mesa de La Habana, que pretende que los paramilitares sigan sometidos a la jurisdicción de Justicia y Paz que es su juez natural pero que a la vez puedan decir la verdad que aún está faltando ante la JEP. busca este proyecto también prorrogar el plazo ya vencido para que los llamados terceros, es decir funcionarios no militares y civiles en general que financiaron o de alguna manera se beneficiaron del conflicto armado puedan comparecer ante este tribunal.
Esta modificación de la ley marco de la JEP tiene que señalar condiciones muy precisas para que no se convierta en un simple medio para que paramilitares, parapolíticos y aún militares accedan a rebajas de penas sin cumplir con la verdad y la reparación.
Este tribunal fue diseñado para juzgar no sólo a los miembros de la ex guerrilla de las FARC, sino a todos los actores del conflicto armado interno. Los terceros son fundamentales así como lo son los militares que por acción u omisión participaron de manera ilegal en él. Y pueden serlo los ex jefes paramilitares si se comprometen con la verdad y la reparación.
Es posible que de esos relatos se determine que, por ejemplo, las llamadas Aguilas Negras que amenazan y matan a líderes sociales no son más que disidencias narcoparamilitares que no se desmovilizaron, así como lo son los Rastrojos que entraron a Colombia a Guaidó y tantas otras bandas que siembran el terror en el campo.