Pelayo Terry Cuervo
A casi 15 días de hacerse efectivo el aumento de salarios en el sector presupuestado de la economía, y en los ingresos de las pensiones en los jubilados, las autoridades cubanas continúan su batallar contra una de las preocupaciones más repetidas por los beneficiados y la sociedad toda.
Se trata, en síntesis, de controlar los precios de los principales productos de alta incidencia en los ciudadanos, tanto en bienes como en servicios, los cuales fueron regulados por dos resoluciones emitidas en julio por el Ministerio de Finanzas y Precios (MEP).
Pero ni los límites establecidos por las autoridades, ni las inspecciones de los gobiernos provinciales y municipales han detenido los intentos, tanto de establecimientos estatales o privados, de incrementar los precios de algunos productos y servicios, que ponen en jaque el poder adquisitivo de más de un millón de trabajadores que se beneficiaron con los incrementos de salarios pagados en agosto.
Ante tal situación, la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños, declaró que serán muy rigurosos con aquellos que intenten, mediante artificios, evadir y violar las nuevas medidas aprobadas para evitar el incremento de los precios.
Se trata de disposiciones que deben ser acatadas tanto por el sector estatal como por las formas de gestión no estatales, añadió Bolaños, y puntualizó que ningún actor económico puede aumentar los precios, pues ese principio quedó claro en las recientes resoluciones 301 y 302, que prohíben la subida de los precios mayoristas y también de los productos y servicios que ofertan los trabajadores por cuenta propia, las cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, de créditos y servicios, unidades básicas de producción, y otras modalidades.
Desde el pasado 5 de julio, el MEP ha recibido más de 400 quejas y denuncias relacionadas con el incumplimiento de la política para establecer límites a la cuantía de bienes y servicios de alta incidencia en la población, según el propio organismo.
La ministra salió al paso, además, a ciertos criterios “que intentan demonizar las medidas de control aprobadas”, y ratificó que el propósito no es frenar el desarrollo de las formas no estatales, como algunos comentan en diversos espacios, sobre todo en las redes sociales.
El objetivo es evitar el incremento de las tarifas que no se correspondan con un aumento de los costos, así como regular aquellas ya excesivas, con el fin de proteger la capacidad de compra de la población; de lo contrario el beneficio del aumento del salario caería en saco roto.
En cuanto a las denuncias de la población, se ha encargado a los consejos de la administración de los territorios y a las cadenas de tiendas y hoteleras a prestar la máxima atención a la más mínima que surja, las cuales tienen un plazo no mayor de una semana para realizar una investigación y adoptar medidas.
A la par, el Ministerio de Finanzas y Precios también brinda un seguimiento sistemático a los precios de los productos agropecuarios y otros alimenticios que complementan la alimentación de los cubanos.
Medidas como éstas, que aprueba el país para impulsar la economía y generar mayor capacidad de compra en la población, no pueden echarse a perder “por unos cuantos inescrupulosos” que provocan la pérdida de confianza en el control estatal, advirtió la funcionaria.
En Cuba, alrededor de medio centenar de productos están sometidos a regímenes especiales de precios con el ánimo de proteger a la población, entre ellos los alimentos y productos de higiene y aseo, tanto en el mercado paralelo como en la red de tiendas en divisas, además de que el Estado subsidia con más de tres mil 600 millones de pesos la canasta familiar normada.