Jorge Lara Rivera
Faltando a la verdad los spots machacan edulcorados motivos con la cantinela. Pero en realidad “Mi INE está hecho de” negocios lucrativos y de farsantes que se dicen ‘ciudadanos’ ejemplares pero a juzgar por lo que se les conoce parecen simples vividores, quienes derrochan el erario en sueldos de escándalo de su dorada nómina burocratista y en superficialidades.
La última de sus liviandades es la ocurrencia que disfrazan de “necesidad” con el argumento de una nueva credencial más segura, el recurrente pretexto desde el IFE para beneficiar sabrá Dios a quién. Otro monumento al despilfarro, como antes pretendieron voraces con su faraónico delirio del ‘Palacio de la Democracia’, un megalómano motivo para convertirse en barril sin fondo del presupuesto nacional.
Así que debe averiguarse desde luego cómo hacen sus licitaciones y revisar las previas, y explicar por qué tan pronto se le acabe certeza y confiabilidad al documento. La proliferación exponencial de ‘spots’ radiofónicos y televisivos en épocas electorales es machacona hasta la náusea, pero pase. Lo verdaderamente insoportable (y que evidencia qué poco vale ‘el defensor de la audiencia’ en los medios de comunicación públicos, ya no se diga los consejos de ética en los privados), es la inundación de sus anuncios para embaucarnos con su propaganda autocelebratoria, arrogándose los méritos de generaciones pasadas que muy por el contrario a la vida lujosa de estos consejeritos, la pasaron bastante mal), y presumiendo del trabajo que, a fin de cuentas, acaban haciendo sin paga los ciudadanos comunes, mientras se llena las bolsas el oneroso personal del Instituto. Y para dar la impresión de que la democracia en México lo debe todo al INE y que si faltara, entonces peligraría ésta.
Es hora de investigar las finanzas de Lorenzo Córdova Vianello (enquistado en la cúspide desde los días del señor Zurita) y los otros “consejeros ciudadanos” del INE, de fiscalizar verdaderamente al organismo ‘ciudadanizado’ a partir de las milmillonarias irregularidades reincidentes en que incurre, según ha reportado año tras año la Auditoría Superior de la Federación con respecto al INE. Lo contrario sería dejarles impunes cuando sólo en 2018 alcanzaron 935 millones 400 mil pesos en alquiler de 1 mil 965 vehículos vía contrato multianual de servicio integral para arriendo y administración del parque vehicular con la empresa Jet Van Car Rental, que resultaron de alto costo proveniente de precios inflados y servicios adicionales subocupados (hubo denuncia de hechos ante la Subcontraloría de Asuntos Jurídicos, para deslinde de responsabilidades, pero no se supo nada luego).
Sus persistentes vicios (como solicitar más recursos de lo que necesita) por entonces pidió más de 25 mil 45 millones de pesos –de los cuales 8 mil 600 millones serían, dijo con imprecisión, para partidos políticos, pero igual para procesos electorales federales y locales y de donde tomaría 802 millones 7 mil pesos para “compensación al personal por el proceso electoral 2017-2018”, y 589 millones 500 mil para capacitadores y supervisores – “asistencia electoral” o sea paga doble para sí mismos, por simplemente hacer su trabajo –baste recordar que sus simples edecanes ganan casi 20 mil pesos mensuales. De allí saldrían también 278 millones 500 mil pesos para voto de mexicanos en el extranjero y los 357 millones 800 mil del impredecible PREP, 354 millones para fiscalizar candidatos y precandidatos; 252 millones para listas, boletas y actas, 157 millones para ubicación e instalación de casillas y 11 millones 500 mil para carísimos debates.
Aparte el INE se apropiaría de más de 18 mil millones para su funcionamiento cotidiano; contratar más plazas de las que hacen falta, así como el opaco manejo a los recursos que recibe y el opaco destino de sus excedentes (para el caso el total del costo de la elección de la Asamblea Constituyente de CDMX 427 millones 900 mil pesos) fueron recursos no considerados en su presupuesto original, cuya erogación extraordinaria no afectó sus funciones esenciales, pero sí generó gastos inexplicables: en 2017 se adquirió para supervisores y capacitadores electorales 13 mil chalecos, cuando sólo se contrató a 7 mil 756, lo que significó derrochar 2 millones 200 mil pesos. Peor resulta el citado contrato por anomalías relacionadas con hechos, actos y omisiones en que incurrieron servidores del Instituto, pues lo pactado al inicio del contrato no garantizó las mejores condiciones a éste.
En lo tocante a adquisiciones, más del 40% fueron contratos suscritos el 4º trimestre del año, con riesgo de incumplimientos de proveedores y servidores públicos, lo cual arrojó dudas sobre la necesidad de obtener esos bienes y servicios, tanto como sobre su uso o beneficio para el organismo. Hubo desfase entre la aprobación de inversiones y su ejercicio: ilustrativo fue el Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos donde era notorio el tiempo que transcurre entre la aprobación de un proyecto y el inició de su realización –más de 2 años– con consecuente desaprovechamiento de aquéllas. Si a eso se anexa lo oneroso de sus sueldos mensuales (entre 218 mil 469 y 259 mil 547), más prestaciones envidiables en este país, incluidos 72 millones de pesos ¡en lavandería!, con 1 millón de pesos por este concepto destinado sólo a los consejeros electorales, que se suma a los autos asignados, gasolina, choferes, telefonía celular, equipos de cómputo de última generación, boletos de avión, y aguinaldos de 650 mil pesos (3 veces lo que recibía el más caro diputado entonces) que se otorgan.
Sólo a regañadientes suspendieron su ‘INElandia’ (el Partenón de la Democracia), pero no aceptaron ni 1 centavo de recorte a sus sueldazos que defendieron como perros ante una cómplice y abyecta Corte que dice “protege a la Constitución” que protege a los mexicanos. ¿Seguiremos soportando la estulticia del INE? ¡Hasta cuándo!