Guillermo Fabela QuiñonesApuntes
Las asignaturas que dejó pendientes el régimen conservador son muchas, pero como prioridad sobresale el apuntalamiento del Estado de Derecho. De ahí que sea un contrasentido la afirmación del coordinador del partido blanquiazul en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, en referencia a la elección de cuatro nuevos consejeros del INE, el próximo 2 de abril.
Puntualizó que la democracia está en juego en dicha elección, se podrán mantener las libertades conquistadas, “o condenar al país a reescribir la negra historia, ya superada, del partido único que anulaba la voluntad popular”. Su señalamiento tendría sentido si en algún momento nuestro país hubiera vivido una experiencia democrática. La realidad histórica demuestra que nunca la ha tenido, hasta en los comicios federales del 2018, gracias a diversos factores que no viene al caso analizar.
En la elección de los nuevos consejeros del INE, por primera vez no habrá un dedazo del Ejecutivo, por la simple razón de que sería el inicio de un proceso negativo para la Cuarta Transformación, cuyos cimientos están en una sólida participación de la ciudadanía, como lo está evidenciado el estilo personal de gobernar del presidente López Obrador. Esto es lo que duele a los poderes fácticos, antes los únicos que podían encauzar el rumbo del país con el fin de afianzar sus privilegios.
Están muy temerosos de que el proceso de democratización de las instituciones del Estado prosiga su marcha con menos obstáculos, por eso quisieran que esos cuatro consejeros fueran elegidos por componendas partidistas, no con base en una terna propuesta por el Ejecutivo y evaluada imparcialmente por el Congreso. Si la fracción conservadora quiere que se fortalezcan las libertades democráticas, esta será una magnífica ocasión de patentizarlo.
Como parece que la derecha ya se convenció de que el mandatario tiene muy claro que sin el fortalecimiento del Estado de Derecho el cambio democrático fracasaría, está arreciando sus provocaciones; esto se advierte en el nuevo frente que abrió con protestas cada vez más violentas contra los feminicidios. Para la ciudadanía ha quedado en evidencia el trasfondo verdadero de este tipo de provocaciones, de ahí que su móvil político real haya perdido su eficacia: el pueblo no se dejará engañar como lo demuestra el repudio a la supuesta protesta contra este flagelo.
La voluntad demostrada por el mandatario por eliminar fueros que datan de la Colonia, como el de poder juzgar por corrupción al Presidente de la República, es la mejor demostración de compromiso político por impulsar cambios democráticos verdaderos. Como el país es observado con mucha atención por organismos internacionales, no hay manera de que los conservadores quieran engañar a la ciudadanía.
Ejemplo de ello es la evaluación que acaba de hacer pública la organización World Justice Proyect (WJP), para mostrar los avances o retrocesos de una nación en materia de Estado de derecho. En los tres primeros sitios en el índice sobre Estado de derecho, colocó a los estados de Yucatán, Aguascalientes y Durango. Los hechos patentizan una evaluación objetiva, pues se trata de las entidades con menos delitos y violencia de género.
Este interés por observar lo que acontece en nuestro país, lo propicia la apertura de las instituciones del gobierno de López Obrador, no sólo en materia de libertad de expresión, sino en su compromiso de abrir las puertas a la democracia con transparencia y sin violencia.
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