A PESAR de algunas voces que sugerían imposiciones vilistas y renancistas para la elección de Brenda Ruz Durán como nueva presidenta del Comité Municipal del PAN en Mérida, la realidad es que en la contienda interna —en la que participaron 1,336 afiliados— se reflejó el acomodo de piezas de la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada, en busca de imprimirle al partido un estilo más cercano, de trabajo, de calle, sensible y proactivo.
Nuestras fuentes revelan que el estilo de Brenda Ruz es similar al de la alcaldesa, aunque hasta ahora no había tenido oportunidad de demostrarlo. Tras conocerse su victoria, su primer acto fue invitar a su compañera Nidia González Tun, quien también recibió reconocimiento por su trayectoria y compromiso partidista. Esta acción sorprendió a la vieja militancia, poco acostumbrada a este tipo de sensibilidad femenina.
El estilo de Cecilia, nos comentan en los corrillos del PAN, se mantendrá con Ruz Durán, pues ya quedó demostrada la necesidad del blanquiazul de interactuar con la ciudadanía de manera distinta a la que las dirigencias previas habían adoptado: poca calle, mucho escritorio y fotos para redes sociales, un estilo cómodo cuando el PAN tenía el gobierno del Estado y se daba tiempo para intrigas internas —como ocurrió en 2007— que derivaron en resultados desastrosos para el partido.
Todo indica que no habrá concesiones ni tiempo para la grilla ni para la comodidad del cargo, y que la maestra Ruz Durán imprimirá el sello de la administración municipal actual al interior de todas las corrientes y grupos del blanquiazul en Mérida.
Por otro lado, para la oposición interna en el PAN, el oficialismo celebró una victoria “2 a 1”, donde participaron 1,336 militantes con derecho a voto de 3,186. Tomando en cuenta a los ausentes, la participación fue del 41%, por lo que Ruz Durán fue electa con el 28% de los militantes activos. Una victoria algo agridulce, excepto para los movilizadores a cargo de Jesús Pérez Ballote y Arturo León Itzá, quienes presumieron que su misión se cumplió.
EL LÍO en torno a una contratación de servicios por parte del Ayuntamiento de Mérida a favor de la Facultad de Matemáticas de la UADY tuvo su punto final gracias a la intervención de Elsy Mezo Palma, directora de Administración y Finanzas de la institución. Como reportamos recientemente, la universidad se negó a transferir los datos personales recolectados mediante la plataforma de consulta pública “Decide Mérida”, debido a que el contrato no preveía el tratamiento de datos sensibles. Esta omisión no fue revisada a fondo por los titulares de la subdirección jurídica del Ayuntamiento, Jaime Acopa Brito, ni por el titular de la Unidad de Transparencia municipal, Raúl Medina Cardeña. Finalmente, la maestra Mezo Palma intervino tras una llamada directa de altas esferas municipales, resolviendo formalmente el problema administrativo ante la impericia de quienes lo atendieron en primera instancia. “Por menos errores de los que cometen esos subdirectores ya nos hubieran dado de baja”, comentan nuestras fuentes.
QUIEN PUSO en la palestra pública al auditor y pidió su auditoría -así como se lee- fue la diputada local María Esther Magadán Alonzo. La legisladora tuvo cobertura de varios medios, lo cual no es casualidad. Entre pasillos del Palacio de Gobierno se comenta que “Chelita Magadán” ya tiene cansados a los asesores del Gobernador por su afán de protagonismo y le dieron rienda suelta para hacer diversas manifestaciones. Sin embargo, es notable su desconocimiento de los temas que aborda, los procesos que regulan sus acciones y, en ocasiones, su mala asesoría, como evidencian sus entrevistas, donde se mostraba contrariada, con argumentos confusos y contradictorios.
EN EL TEMA de la marea roja, se ha generado un intenso debate en el Congreso, con señalamientos de responsabilidades cruzadas. Según los panistas, se ocultó información sobre la llegada de este fenómeno, conocido desde hace tiempo. Sin embargo, resulta cuestionable que la diputada Sayda Rodríguez encabece las quejas, ya que durante su gestión como secretaria de Desarrollo Sustentable no tomó medidas para prevenir a los ciudadanos en las dos oleadas de marea roja durante el gobierno de Mauricio Vila. Por otro lado, se dice que quienes no informaron al gobierno estatal sobre las investigaciones del Cinvestav fueron la actual secretaria de esa dependencia, Neyra Silva Rosado, no por negligencia sino por su nulo conocimiento en temas ambientales, y tampoco el director del Inderm, Roger Aguilar, pese a que varios alcaldes de la costa yucateca ya le habían informado.
RENÁN BARRERA Concha reapareció en la votación interna para elegir al presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Mérida, y no pasó desapercibido… aunque no por su presencia en sí. Quien lo vio de cerca coincidió en algo: se notaba extremadamente delgado y demacrado.
Sin embargo, lo que realmente movió el tablero político fueron sus declaraciones. Barrera criticó directamente al gobierno del estado sobre el transporte “Va y Ven”, sugiriendo que se planea eliminarlo y regresar a los antiguos camiones. Sus palabras no fueron bien recibidas por la opinión pública, considerando que todavía arrastra la pesada carga de su pésima gestión en el Ayuntamiento de Mérida, así como acusaciones de actos de corrupción. La combinación de su aspecto y sus declaraciones opacaron lo que debía ser su reaparición triunfal en la arena política.
Barrera Concha no perdió la oportunidad de posar sonriente frente a las cámaras junto a la recién electa presidenta del Comité Municipal de Mérida, Brenda Ruz Durán: fotos, sonrisas, abrazos… todo muy fotogénico.
Pero entre bastidores, los rumores apuntan a otra historia. Varios militantes panistas comentan que, en realidad, Barrera habría apoyado de manera discreta —casi clandestina— a Nidia González Tun, quien no es desconocida para él: fue funcionaria durante muchos años en el DIF Municipal bajo sus administraciones, específicamente en el área de apoyo a personas con discapacidad. EN LOS PASILLOS del gobierno estatal se comenta que el reciente ataque del PAN, aprovechando las acusaciones de sobrecostos en el bacheo, dejó a más de un alto funcionario… inmóvil. El subsecretario de Gobierno, Pablo Castro, y otros operadores políticos parecieron entrar en modo silencio, quizá calculando tiempos y daños. Sin embargo, en medio de la inercia, una voz se levantó con inusual rapidez: la de la secretaria de Infraestructura del Bienestar, Alaine López Briceño. Sin esperar instrucciones y con prácticamente nulo respaldo, López Briceño lanzó un video en redes sociales defendiendo la calidad del bacheo y tachando las acusaciones de “total falsedad”. Lo hizo con seguridad, sin titubeos y con la convicción de que la obra pública resistiría cualquier prueba. En la trinchera política, su reacción fue vista como un gesto de lealtad y temple político.
NO PASÓ desapercibida la presencia del alcalde de Progreso, Erick Rihani, en la reciente firma de convenio con el Injesupy para la mejora de los catastros municipales. Más allá del acto protocolario, lo que llamó la atención fue que Rihani fue el único edil de oposición invitado a la mesa, rodeado de sus homólogos de Umán, Valladolid, Tizimín e Izamal, todos de filiación morenista.
Quienes estuvieron presentes aseguran que el munícipe porteño se mostró relajado, sonriente y con una naturalidad que pocos esperaban, compartiendo charlas y bromas con sus “colegas” guindas. Como era de esperarse, el rumor se encendió de inmediato: ¿sería bien recibido Rihani en Morena? En los pasillos se comenta que no sólo sería aceptado, sino que algunos ya lo ven como una carta fuerte para 2027, si decide dar el salto.
Pero la sorpresa no termina ahí. Ante la sola idea de que Rihani abandone las filas panistas, empezó a circular otro comentario que ha dejado boquiabiertos a más de uno: la posible reaparición de Julián “Rocky” Zacarías, quien se apunta para la alcaldía de Progreso. Y aquí es cuando la incredulidad se convierte en escándalo, pues el recuerdo de su gestión sigue marcado por una estela de señalamientos y acusaciones de corrupción que, según la memoria colectiva, aún no se disipan.
EN EL siempre ajetreado Centro de Convenciones Siglo XXI, más de un asistente a eventos privados ha levantado la ceja por una curiosa escena: la jefa de Cines, Aylin Alcántara, irrumpiendo en medio de conferencias, banquetes o reuniones, no para hablar de películas, sino para ofrecer refrescos y palomitas como si los salones fueran una sala de cine.
La práctica ya ha generado comentarios incómodos entre organizadores y asistentes, pues dicen que nada tiene que ver el momento ni el lugar. Y cuando le llamaron la atención, Alcántara no dudó en deslindarse: “Esto viene de arriba”, aseguró, señalando directamente a la asesora de comercialización, Karla Paola Medina, a quien atribuyen esta singular estrategia para “elevar los ingresos” de Cultur.
El problema, dicen quienes saben, es que mientras se intenta hacer caja con refrescos y palomitas, hay otras áreas de Cultur —como las zonas arqueológicas— donde un plan serio y bien ejecutado podría multiplicar los ingresos sin interrumpir conferencias ni incomodar invitados. Así que ya sabe: en Cultur hay quienes piensan en grandes proyectos… y hay quienes apuestan a que el próximo gran salvavidas financiero venga con mantequilla y refresco grande.
QUIEN, para sorpresa de muchos, terminó saliendo bien librada de un escándalo que parecía sentencia firme, fue la hoy restituida jueza Tania Gabriela González. No hace mucho había sido descalificada públicamente por no cumplir con el requisito académico de contar con un promedio mínimo de 8 en su licenciatura.
Lo curioso fue el argumento que presentó para su defensa: varias de sus materias aparecían sólo como “aprobadas” y, si se contabilizaban de cierta manera, podría alcanzar la ansiada calificación requerida. Pocos creyeron que con ese razonamiento convencería a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero, contra todo pronóstico, la jugada funcionó.
Y aquí empieza el murmullo de pasillo: se habla de una operación sui generis en la que, cada quien por su cuenta, Morena y el senador Rolando Zapata habrían “empujado” la decisión para que se diera un fallo favorable. El detalle no menor es que, aunque hoy la jueza forma parte del gobierno estatal, trabajó durante muchos años muy de cerca con el exgobernador priista. Así que, ya ve, en el mundo judicial y político yucateco, las matemáticas pueden ser flexibles… y las alianzas, todavía más.
EL QUE no aprende es el diputado Bayardo Ojeda. En fechas pasadas, tras múltiples gestiones, se concretó un acuerdo entre el gobierno del Estado de Yucatán y el conocido agiotista Gerardo Baas Pinto, para condonar intereses excesivos que ahogaban a decenas de deudores de clase media baja. Muchos de ellos tenían sus viviendas hipotecadas y veían inminente la pérdida de su patrimonio. Con la intervención directa del gobierno estatal, se logró que estos deudores alcanzaran convenios satisfactorios, recuperando tranquilidad y esperanza.
Pero —y aquí viene la parte que enciende las alarmas— en los pasillos se comenta que Ojeda, aprovechando esta situación, estaría pidiendo sumas de 15 mil a 30 mil pesos a los deudores a cambio de “facilitarles” el acceso a beneficios que ya les correspondían por derecho. La indignación crece entre quienes se enteran de este proceder, pues no se trata de un trámite personal ni de una gestión altruista, sino de un programa público producto de un acuerdo oficial. La pregunta que recorre charlas, cafés y pasillos del poder es inevitable: ¿dónde queda la vergüenza, diputado?
SIGUE la mata dando. El domingo pasado, las instalaciones del Costa Club del Isstey fueron el escenario de un mega festejo por el cumpleaños del delegado de Fovissste, Alejandro Ruiz. El evento, digno de crónica social, reunió a un nutrido desfile de políticos de primera y segunda línea de la 4T, quienes, entre finas viandas y música en vivo, celebraron en grande.
La duda que se murmura en pasillos y redes es inevitable: ¿se pagó por el uso de las instalaciones o fue cortesía del director del Isstey, financiada con nuestros impuestos y aportaciones? Porque una cosa es el “Bienestar” para el pueblo, y otra muy distinta el bienestar para unos cuantos funcionarios con cargo y apellido.
Entre los asistentes se pudo ver a Felipe Duarte, director del Conalep; Irak Green, flamante hermano de Rommel y director del Imdut; los hermanos Carrera —Ivonne, directora de Relaciones Públicas, y Diego, regidor—; Landy Marrufo, madre de Irak Green; Óscar Brito, diputado del tercer distrito; Alemany Aguilar, titular auxiliar del Organismo de Extensión Educativa y de la Primera Infancia del Isstey; la doctora Ruby Sandoval, aspirante al sindicato de salud; la presidenta de la mesa directiva del Congreso, diputada Estefanía Baeza, y, evitando posar en las fotos, al subsecretario de Gobierno, Pablo Castro, entre otros; o mejor dicho, el flamante equipo H24.
EL DIPUTADO Javier Osante no se cansa de lanzar dardos contra el gobierno en turno; parece sufrir de memoria selectiva… al igual que su bancada. Recientemente se pronunciaron en contra de la iniciativa que permitiría a la actual presidenta del Poder Judicial renunciar si así lo deseara, todo ello bajo el argumento de “defender a las mujeres”. Sin embargo, convenientemente olvidan que durante el gobierno priista de la entonces gobernadora Ivonne Ortega —hoy coordinadora de los diputados de Movimiento Ciudadano— se vetaron derechos reproductivos de las mujeres y el matrimonio igualitario. Además, aquella administración careció de mujeres en su gabinete, a pesar de que la titular del Ejecutivo era mujer.
Hoy no se cansan de hablar de “techos de cristal”… pero omiten que muchos de esos techos fueron construidos por la propia Ortega. Mientras tanto, la llamada “pareja naranja” decidió despejarse de tanto debate político, dejándose ver en Telchac de vacaciones. En fin… la hipotenusa.
Porque hasta el silencio tiene memoria. Y lo que no olvidas, lo vuelve personal.