Por Yecenia González
Poder seguir haciendo trabajo a distancia, ingreso en horarios diferentes y delimitación de zonas exclusivas en áreas de alimentos, comedores y vestidores, entre otros es parte de los lineamientos que deberán aplicar las empresas para los empleados que son ubicados dentro de la población vulnerable ante el COVID-19.
Lo anterior se establece en los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral, que fueron emitidos ayer por la Secretaría de Economía.
Empresarios de Quintana Roo ya cuentan con dichos lineamientos, y se encuentran en la etapa de estudio para su aplicación, cuando se integren a la nueva normalidad.
El día de ayer, la Secretaría de Economía dio a conocer los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral, en los que tendrán que basarse las empresas para cuando regresen a laborar y brindar seguridad sanitaria a sus colaboradores, sobre todo los que se catalogan como vulnerables ante el COVID-19, por presentar algún padecimiento o condición que los vulnera ante el virus.
El presidente de la Coparmex Quintana Roo, Sergio León Cervantes, dijo haber recibido ya dichos lineamientos, tanto por parte del estado como por parte de la federación, por lo que se encuentra ya estudiándolos.
“La verdad es que acaba de salir ayer en la noche, empezaron a mandar la parte de certificaciones y protocolos sanitarios del estado y los federales hoy los están empezando a permear. Lo que vamos a hacer, es que hoy va a ser un día de estudio para mí, en cuanto a esos protocolos sanitarios y voy a motivar a que exista alguna campaña de capacitación o asesoría por parte del seguro social y por parte de la Secretaría del Trabajo hacia los empresarios, para que podamos proceder de la mejor forma”, dijo.
León Cervantes indicó que ayer se llevaría a cabo una reunión entre empresarios de Quintana Roo y se tocaría el tema que representa grandes cambios en los entornos laborales, dentro de la llamada “nueva normalidad”.
“Hoy, dentro de la reunión que tendremos con empresarios de Quintana Roo, el arquitecto Carlos Ríos, secretario de Sedatus, va a hacer el favor de platicarnos cómo va a operar, ahora que la construcción es una actividad esencial dentro del catálogo de actividades esenciales; cómo está preparado Quintana Roo o cuál es la visión del estado para que trabajemos al respecto, y lo mismo vamos a hacer en medida con lo de los colaboradores que van a formar parte de la plantilla de alto riesgo”, agregó.
Finalmente, el líder empresarial dijo que todos los agremiados a la Coparmex ya cuentan con la documentación emitida por la federación y el estado, y lo que sigue es solicitar reuniones con las autoridades sanitarias y del trabajo.
“Vamos a invitar al Instituto Mexicano del Seguro Social, a la delegación estatal y vamos a invitar a la Secretaría del Trabajo, y yo espero que en breve podamos tener a la Secretaría de Salud que sería muy importante. Primero, hoy en la mañana se los compartí a todos los agremiados de Coparmex, no sólo de aquí de Cancún sino de todo el estado, se les compartió la documentación, para que podamos empezar a pedir las reuniones con la delegación del seguro social, la del trabajo y de salud, y podamos entender bien como le vamos a hacer, que debemos hacer y en qué momento lo vamos a hacer”, puntualizó.
Dentro de los lineamientos emitidos por la Secretaría de Economía, se establece que deberán implementarse estrategias de control en los centros de trabajo, indispensables y fundamentales para contener la diseminación del COVID-19.
De acuerdo con el nivel de clasificación de alerta, se establecen diferentes políticas temporales en las empresas, y las únicas que se aplicarán sin importar el nivel de alerta en el que se encuentre la ciudad o el estado, son: - Fomentar y brindar confianza para que el personal se retire ante la presencia de síntomas de la enfermedad, a través de la simplificación de trámites de incapacidad y la eliminación de descuentos por ausencia.
- Limitar la realización de reuniones de manera presencial, y promover reuniones de trabajo a través de teléfono o videoconferencia.
En el caso de los empleados en condición de vulnerabilidad, las empresas deben permitir que estos no se presenten a laborar y cumplir con el resguardo domiciliario, mientras el semáforo de alerta permanezca en color rojo o de máxima alerta .
Para los casos de alerta alta y media (Naranja y Amarillo), se tomarán las siguientes previsiones para el personal vulnerable ante el COVID-19:
- Priorizar el trabajo a distancia con el fin de evitar la asistencia al centro de trabajo y reducir el riesgo de contagio del personal en condición de vulnerabilidad.
- En caso de no ser posible hacer trabajo a distancia, los centros de trabajo deberán designar un comité o persona responsable de garantizar las siguientes medidas especiales:
- Identificar para cada departamento o área del centro de trabajo al personal en situación de vulnerabilidad.
- Cerciorarse que dicha población cuente con equipo de protección personal desechable y con soluciones a base de alcohol gel al 70% a disposición permanente.
- Verificar el establecimiento de medidas que resulten en una reducción de densidad humana en los espacios de trabajo, garantizando una distancia mínima efectiva entre las estaciones de trabajo de 1.5 metros.
- Permitir el ingreso en horarios diferentes al resto del personal, para evitar los horarios pico en el transporte público o en el transporte de personal.
- Establecer zonas exclusivas en área de alimentos, comedores y/o vestidores, para reducir el riesgo de exposición del personal en mayor riesgo. En caso de no ser posible establecer zonas exclusivas, se deberán establecer horarios diferenciados para reducir el riesgo de contagio del personal identificado como vulnerable.
Finalmente, deberá considerarse que los procesos en los que participa personal en situación de vulnerabilidad pueden verse afectados, por lo que deberá garantizarse que ello no resulte en actitudes irrespetuosas o discriminatorias en su contra. Estas medidas de protección no deben confundirse o utilizarse para discriminar o limitar su derecho al trabajo