Durante una sesión extraordinaria del Instituto Nacional Electoral (INE), se alertó sobre prácticas irregulares que comprometieron la integridad del pasado proceso electoral para el Poder Judicial en el país, con énfasis particular en Yucatán.
La consejera electoral María Elena Solís Flores denunció la falsificación de acreditaciones oficiales para observadores electorales, lo que permitió que personas no autorizadas se hicieran pasar como vigilantes del proceso sin cumplir los requisitos legales ni contar con la legitimidad necesaria.
Solís Flores subrayó que estas personas no actuaron con la independencia que exige la figura del observador electoral, sino que respondieron a intereses ajenos al ejercicio ciudadano y al proceso democrático. “Se trató de una intervención con fines políticos, al servicio de poderes fácticos, lo que representa una grave amenaza para la transparencia de nuestras elecciones”, advirtió.
Ante este escenario, la consejera adelantó que se presentarán las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fisel) y llamó a reforzar la vigilancia para evitar que este tipo de fraudes empañen futuras jornadas comiciales.
En el marco de la sesión, el consejero presidente del INE en Yucatán, Luis Alvarado Díaz, declaró formalmente concluido el proceso electoral extraordinario en la entidad, en el que se eligieron cargos vinculados al Poder Judicial. “Se cumplió cabalmente con el mandato de organizar y ejecutar todas las etapas del proceso electoral y de garantizar el derecho al voto de los ciudadanos inscritos en la lista nominal”, afirmó.
Alvarado Díaz destacó que esta elección implicó un desafío institucional sin precedentes, al requerir la conformación de un padrón especial, la notificación de más de 123 mil ciudadanos y la capacitación de las mesas directivas de casilla. Pese a los obstáculos, sostuvo que todas las tareas se llevaron a cabo con orden, precisión y estricto apego a la ley.
En total, se instalaron mil 400 casillas en todo el estado. Aunque se reportaron algunos incidentes menores, fueron atendidos oportunamente y no afectaron la validez ni el desarrollo de la jornada electoral.
“El INE no fue rehén del escándalo; fue garante de la legalidad. Refrendamos nuestro compromiso con procesos imparciales, en los que se respete la voluntad ciudadana”, enfatizó Alvarado Díaz.
Finalmente, el consejero Alonso Alejos Medina consideró que este proceso permitió a la ciudadanía acercarse al funcionamiento del Poder Judicial, y destacó la importancia de mantenerse informados para participar de manera activa en los próximos comicios. “Nos seguimos distinguiendo por nuestra alta participación; es vital conservar ese compromiso ciudadano”, concluyó.
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Por otra parte, el INE determinó que 46 personas que resultaron ganadoras en las elecciones del Poder Judicial no cumplen con los requisitos establecidos por la convocatoria, por lo que fueron declaradas inelegibles.
Entre ellas se encuentra Tania Gabriela González Rosas, quien obtuvo 144 mil 63 votos en la categoría de especialidad mixta para juzgado de distrito del Decimocuarto Circuito, con sede en Yucatán. A pesar de ser la candidata más votada en esa categoría, fue excluida por no haber alcanzado el promedio mínimo requerido de ocho en su formación de licenciatura.
La convocatoria establecía que los aspirantes debían contar con un promedio mínimo de ocho en la licenciatura y de nueve en la especialidad correspondiente al cargo postulado. Aunque los perfiles fueron revisados por órganos de los tres poderes del Estado, se detectaron inconsistencias en varios casos.
González Rosas es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), donde también cursó una maestría en Derecho. Su caso, junto con el de otras cinco personas que tampoco alcanzaron el promedio mínimo, ha generado debate sobre la revisión previa de perfiles.