Este viernes fue publicada en un medio nacional una amplia entrevista con la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, quien habló, entre otros temas, sobre la situación del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y su eterno cacique, el corrupto Carlos Romero Deschamps.
Ante la efervescencia entre el gremio petrolero por un cambio real, así como las dudas sobre la legalidad de las actuales dirigencias que celebraron unas amañadas elecciones el pasado mes de octubre, la funcionaria federal destacó que no le corresponde a la STPS el remover a líderes sindicales, sino que está en manos de los propios trabajadores el hacerlo.
Para ello, Luisa María Alcalde mencionó que ya existen las iniciativas encaminadas a dotar de mayores herramientas a los trabajadores para la elección libre y secreta de sus dirigentes, y para que ninguna decisión contraria a sus intereses pueda ser tomada si no se cuenta con el respaldo de la mayoría de los agremiados, como es el caso de los descuentos ilegales a nivel local que trascendieron por integrantes de la Sección 47, secuestrada por Víctor Kidnie de la Cruz y su lacayo Víctor Hernández Colunga.
Comentó que está la reforma constitucional que garantiza el voto libre y secreto, los compromisos de México en el nuevo Tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como la iniciativa para que se consulte antes de firmar un Contrato Colectivo o revisión contractual, y que quien negocie tenga legitimidad y respaldo de los trabajadores.
Tal como ha apuntado en diferentes ocasiones, la Secretaria del Trabajo reconoció la existencia de un “divorcio” entre los trabajadores y sus representantes, pero que las nuevas reglas que se están implementando por el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador y por el Poder Legislativo, van encaminadas a corregir el camino hacia una democracia en el sindicalismo mexicano. Indicó que son muchas piezas de un rompecabezas que se está armando para garantizar los derechos de los trabajadores.
“No le corresponde a la Secretaría del Trabajo ni poner ni quitar líderes, esos eran otros tiempos donde desde el poder se determinaba quien debería ser o no, ese no es nuestro trabajo. Al contrario, lo que nosotros tenemos que garantizar es que haya libertad y democracia, ese es nuestro papel, garantizar que la gente pueda decidir libremente y los trabajadores tienen que decidir quién los representa y lo deben de hacer a través del voto personal libre y secreto”, declaró.
Contexto local
Alcalde Luján reveló que ante el combate al “huachicoleo” que se ha emprendido no existe aún denuncia alguna por parte del Gobierno de México en contra de Carlos Romero Deschamps, aunque afirmó que sí existen procedimientos abiertos en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que están llevando su curso.
No obstante, si bien el Ejecutivo Federal no ha procedido contra el jeque petrolero, cabe recordar la existencia de denuncias penales presentadas por diversos movimientos petroleros desde hace más de una década, que van desde el llamado “Pemexgate”, el embargo de las cuotas sindicales hasta el 2030, lavado de dinero, Delincuencia Organizada y huachicoleo; todas ellas dejadas en la congeladora por los Gobiernos de Vicente Fox Quesada, del Espurio Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto.
En el contexto local, sus revelaciones se enmarcan en una creciente molestia entre los sindicalizados petroleros, quienes por primera vez en mucho tiempo están perdiendo el miedo y están acudiendo ante las instancias pertinentes a levantar las denuncias que corresponden, especialmente ante los descuentos ilegales que de acuerdo con los afectados sumarían de entre 25 a casi 50 millones de pesos cada catorcena, pues los montos van desde los 3 mil hasta los 7 mil pesos o más por los más de 5 mil agremiados.
Tal como ha afirmado la Secretaria del Trabajo, y la funcionaria más joven del gabinete de López Obrador, el cambio está en las manos de los trabajadores que deben proceder por las vías legales ante toda irregularidad y abuso cometido en su contra.
(Redacción / POR ESTO! /
Fotos: POR ESTO! / Especial)