Pese a la exigencia de Organismos no Gubernamentales, de Asociaciones Civiles y sociedad de productores, la Península de Yucatán no puede declararse libre de transgénicos, “porque la Ley Federal de Bioseguridad no lo permite”, aclaró el investigador del Colegio de la Frontera Sur, Yuri Peña Ramírez, ello pese al intento del Estado de Yucatán de ser una entidad libre del uso de organismos genéticamente modificados.
Explicó que ningún Estado se puede declarar libre de transgénicos porque ”contraviene en lo establecido en la Ley General de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados de 2005”, ya que dicha legislación establece como es la gobernanza y aspectos legales de los organismos genéticamente modificados, llamado transgénicos.
Precisó que la Ley otorga dichas atribuciones a las distintas dependencia federales, por lo que ningún ente estatal “puede contravenir lo establecido en un reglamento federal”, motivo por el cual el Estado de Yucatán, “no puede, no tiene atribuciones para declararse un estado libre de transgénicos”.
Incluso de forma irónica sostuvo que no se puede sustentar que un Estado es Libre de Transgénicos “cuando las vacunas son organismos genéticamente modificados muchos organismos que se utilizan para la producción de quesos, de levaduras”, son transgénicos por lo que “sería medio extraño que nosotros dijéramos que un Estado no utilice organismos genéticamente modificados”.
Continuó, “en el mundo se utilizan de manera genérica muchos organismos genéticamente modificados siempre y cuando su uso sea confinado”.
Entre los ejemplos a nivel regional dijo que en el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), utilizan organismos genéticamente modificados pero confinados, en un laboratorio, incluso las empresas farmacéuticas en México se producen las vacunas en un laboratorio.
En el caso de las plantas, expresó que están fuera del laboratorio sin embargo hay todo un ordenamiento legal para que se reproduzca genéticamente modificadas, sin embargo en Yucatán “nunca han progresado los permisos para llevarlo hacia lo comercial” y lo mismo sucedió en Campeche “eran siembras experimentales, nunca se llegaron a siembras comerciales”.
Añadió que la controversia generada por la consulta a los pueblos indígenas es que no se dieron permisos a la siembra de organismos genéticamente modificados en la Península de Yucatán, por lo que en México solo se siembra con transgénicos en San Luis Potosí y el algodón que se cultiva en toda la comarca lagunera.
A favor de los transgénicos
El investigador del Colegio de la Frontera Sur, se pronunció a favor de los transgénicos ya que “en los países en donde se utilizan, se demostró que las plantas genéticamente modificadas permite a los agricultores tener mejores ganancias debido a que utilizan menos agroquímicos y hay más producción”.
El beneficio, añadió es también a la salud de los productores y de los agrosistemas ya que al utilizarse menos agroquímicos ayudan a ambos.
Lo que calificó como una desventaja es que en el país, “no se tienen los suficientes científicos para que produzcamos las plantas y estas variedades nacionales, entonces se las tenemos que comprar a empresas transnacionales”.
Lamentó que no solo se compren los transgénicos sino también las convencionales ya que sí se quieren sembrar maíz, soya, o cualquier cultivo los productores tienen que adquirir los híbridos a estas compañías extranjeras.
“De tal suerte que tenemos una dependencia tecnológica de estas empresas”, aseveró.
Insistió en que utilizar las semillas modificadas es benéfico ya que en el caso del algodón de 20 aplicaciones de plaguicidas ahora solo se hace una, lo que es bueno para el campo y todos sus animales como para la salud humana, además de que son menos tóxicos como sustancias como el glifosfato en donde se tiene más riesgo para el ser humano.
Demandó mayor investigación en este rubro para determinar la aplicación de acuerdo a las condiciones geográficas y no tropicalizar lo que se usa en otras naciones o lugares por lo que los estudios sirven para adoptar la tecnología en beneficio de los cultivos del país y de la entidad.
Indico que pueden existir estos riesgos por lo que es indispensable investigar más “y no simplemente meter la cabeza en la tierra y decir, no prohibámoslo”.
“Eso es decir nos da miedo salir de la cueva, no salgamos, y aquí no pasa nada, en lugar de ser el país que tome las decisiones con evidencia y no con base en el miedo, eso es lo peor que puede pasar”, advirtió.
(Wilbert Casanova Villamonte)