Entre el 2016 y 2017 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha detectado irregularidades financieras por más de 425 millones de pesos que no han sido reintegrados por el Gobierno del Estado en la ejecución de participaciones federales, como los ramos 23 y 33, y sus diversos fondos y fideicomisos. Monto que cobra relevancia ante la campaña emprendida por el Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas por la dirigencia nacional del PRI, al ser el único aspirante con acceso a recursos públicos para financiar sus pretensiones, lo que ya ha sido denunciado incluso por sus correligionarios.
Ya sea por subjercicios, anomalías en la adjudicación de licitaciones o la ausencia de documentos comprobatorios, los Informes del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública para los años 2016 y 2017 resultan reveladores al dar indicios de la arquitectura de estafa al erario cometida por la administración de “Alito”, demostrando cómo entre un año y otro el monto de las irregularidades incrementó más del doble en vísperas del proceso electoral del 2018, pasando de 125.5 millones de pesos por recuperar o aclarar en el 2016 a 299.8 millones en el 2017, sólo considerando las auditorías realizadas al Gobierno del Estado, eso sin tomar en cuenta las malas prácticas de instituciones académicas y fondos de dependencias federales, como la SCT, ejecutados y regenteados en la Entidad, que se sumarían a los “ahorros” en poder del priísta.
2016, mieles del
primer presupuesto
Pese a que las irregularidades financieras derivaron en observaciones, recomendaciones, promociones de responsabilidad administrativa por parte de la ASF desde el 2015 y antes, fue durante el 2016 cuando Alejandro Moreno tuvo acceso a su primer presupuesto para poner en práctica el esquema defraudador.
De acuerdo con el Sistema Público de Consulta de Auditorías, aquel año se iniciaron 16 procedimientos que derivaron en 46 acciones por 179 millones de pesos, de los cuales se aclararon tan sólo 53.5 quedando pendientes por resarcir hasta el día de hoy los 125.5 millones de pesos entregados al Gobierno del Estado por la Tesorería de la Federación.
Entre las anomalías determinadas se encuentran por ejemplo los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) ejercidos por la Secretaría de Educación del Estado (Seduc), con un presumible daño de 2 millones 331 mil 992 pesos por pagos indebidos en nómina, así como irregularidades con el Programa Escuelas de Tiempo Completo; Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), con anomalías entre el IEEA y Conalep por 3 millones 731 mil pesos; Fondo de Aportaciones Múltiples, ejercidos por el Inifeec; también en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP); Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), y en el Gasto Federalizado otorgado a la Entidad, entre otros, para los cuales la administración estatal presentó documentación con el fin de aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas, pero que fue considerada insuficiente por la Unidad Fiscalizadora.
Voracidad se
desató en 2017
Sin embargo, un año después se realizaron 24 auditorías que resultaron en más acciones, con 50, de las cuales, 25 fueron recomendaciones, dos promociones de la facultad de comprobación fiscal, seis promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 17 pliegos de observaciones.
De nueva cuenta, los recursos ejercidos en el sector educativo, de salud y de seguridad pública fueron donde se presentaron las presuntas defraudaciones por un total de 300.4 millones de pesos de los cuales apenas el 1.2 han sido operadas quedando por aclarar 299.5 millones de pesos entre el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB); Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); para la Educación Tecnológica y de los Adultos (FAETA) así como diversos convenios y otros recursos federalizados. Cifra que representó más de la mitad de las anomalías de un año antes.
Con base en dichas irregularidades financieras del Gobierno del Estado de Campeche, que aún están pendientes de ser esclarecidas, grupos antagónicos priístas advierten la inequidad en la contienda por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), donde el aspirante Moreno Cárdenas resulta ser el único con acceso al erario campechano para lograr sus fines, lo que se hace evidente en la andanada de publicaciones alegres en medios del “texto-servicio”, donde se enaltecen sus pretensiones, pese al estado general de fracaso que se vive en la Entidad, con megaobras inconclusas por toda la geografía y deplorables resultados económicos.
Apenas el pasado fin de semana, Alejandro Moreno fue denunciado ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por el también aspirante al CEN del PRI, Ulises Ruiz, quien señaló al Mandatario campechano por el uso de recursos públicos para posicionar su imagen, “los recursos humanos del Gobierno del Estado, como en la materia lo es el Gobernador del Estado de Campeche, están siendo canalizados de manera arbitraria e imparcial por parte de Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, con objeto de posicionar su imagen frente al proceso de elección de dirigencia partidista que se desarrolla en el PRI”, apuntó el ex Gobernador oaxaqueño en sus redes sociales.
(Texto y fotos: Redacción / POR ESTO!)