Si el Presidente Municipal ilegítimo de Carmen, Oscar Rosas González, no ha hecho ninguna declaración patrimonial puede caer en el delito de desacato a la Ley, lo pueden suspender de su función pública por desacato ya que la Ley es muy clara. La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, desde su artículo 5, 36 y 37, dice que es responsabilidad del funcionario hacer su declaración patrimonial a los 60 días de tomar su cargo o cada año en el mes de mayo, así como a los 60 días antes de dejar sus funciones, señaló Javier del Carmen Bello Avila, presidente fundador del Grupo Unido Campechano.
Riqueza espontánea
Rosas González antes de ser diputado federal sólo tenía como negocio una empresa de mantenimiento para computadoras y una escuela particular llamada “Benito Juárez”, en la calle 35 por 42 de la colonia Tila. Pero de la noche a la mañana, con el salario de legislador federal, comenzó a construir el liceo Benito Juárez en la colonia Volcanes; de allí como senador de la República obtuvo ranchos -incluyendo uno en Oxcabal- en donde tiene su “Casa Blanca” pese a que “supuestamente” donaba el 50 por ciento de su salario a familias vulnerables.
“Todos los funcionarios deben dar a conocer su patrimonio a la ciudadanía para que sepan con qué entran y con qué están saliendo, la Ley de Responsabilidades se debe cumplir. E incluso la Función Pública debe enviar un exhorto a los servidores públicos para que hagan su declaración patrimonial, y en caso que no lo hagan pueden caer en una sanción económica por desacato a la obligación de presentar su declaración patrimonial, porque puede haber conflicto de intereses que tiene que aclarar, como lavado de dinero o enriquecimiento inexplicable”, mencionó.
“El que nada debe…”
Indicó que Rosas González como representante público cuando fue senador y hoy como Presidente Municipal de Carmen debe tener la obligación de presentar su declaración patrimonial para que las cosas sean claras y democráticas, no dejar malos entendidos o el derecho de la duda porque el que nada debe nada teme, hay que darle cumplimiento a la ley.
Hay que recordar que Rosas González, cuando fue senador de la República nunca transparentó públicamente sus bienes, según él porque son datos personales confidenciales de los cuales tiene derecho a dar su consentimiento para hacerlo público, lo cual no acontece en el presente caso, por lo que existe obligación de proteger dicha información.
Complicidad
“Entre ellos mismos se protegen, la misma Ley habla que los datos personales son confidenciales, pero la Ley no ha sido clara a conveniencia de los funcionarios públicos, son datos confidenciales de las personas físicas pero no de servidores públicos, que me perdonen, pero los mismos servidores públicos se cubren para hablar que son datos confidenciales y decir que no se pueden revelar”, señaló el fundador del Grupo Unido Campechano.
Artimañas
Bello Avila dijo que lo más correcto que debe hacer el Comité del Senado es solicitar a todos los senadores presentar sus declaraciones patrimoniales y no hacer 20 mil rollos, porque son datos confidenciales, todo es pura artimaña que hicieron ellos mismos en la administración de Enrique Peña Nieto.
“Aquí sí valdría la pena modificar el artículo 106, fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), que establece que la clasificación de la información se llevará a cabo en el momento que se reciba una solicitud de acceso a la información, procede a clasificarla como confidencial con fundamento en los artículos 116, primer párrafo de la LGTAIP”, expresó.
Así como el artículo 40 párrafo tercero de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP), vigente en el momento de los hechos, señala que la publicación de la información relativa a la situación patrimonial se hará siempre y cuando se cuente con la autorización previa y específica del servidor público de que se trate.
“El servidor público debe ser transparente para que la función pública dé a conocer a los ciudadanos que el funcionario público ya cumplió, la Ley debe ser muy clara, en donde menciona que a principio de la posesión como funcionario público debe hacer la declaración patrimonial a los 60 días para saber qué tiene y declarar a los 60 días antes que salga para saber cómo sale, de tal modo que se debe modificar las leyes antes mencionadas”, mencionó.
(Texto: Fernando Kantún / Fotos: Fernando Kantún / POR ESTO!)