La asociación “Ecológica Laguna de Términos Delfines AC” ha solicitado que se realicen las vigilancias permanentes en las costas del municipio del Carmen, por la zona de campamentos tortugueros y sobre todo en las áreas en donde fueron hallados caparazones de tortugas marinas, cerca de la “Isla Matamoros”, entre Isla Aguada y Puerto Real (a fínales del mes de abril), así como del caso de la persona adulta mayor que fue sorprendida guisando dos tortugas marinas a la altura de Bahamitas, por la zona de la Laguna de Términos, el pasado 12 de mayo, sitio en el cual se halló un posible matadero clandestino de quelonios, dijo Daniel Velueta Reyes, vicepresidente de citada asociación.
Apuntó que estos hechos ya fueron denunciados en primera instancia a la dirección de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) para dar a conocer lo que está sucediendo; de igual modo, la denuncia se presentará a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), porque esta dependencia es la que ejecuta y ella se encargará de turnar la delación a la Fiscalía General de la República (FGR) para que no se involucren de forma directa a los integrantes de la asociación y no les repercuta.
Pena, al doble en el ANP
Indicó que de acuerdo a las leyes, las personas que cometen delitos ambientales dentro del Área Natural Protegida alcanzan pena que va de seis a 12 años de prisión, toda vez que las especies en peligro de extinción se encuentran protegidas bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo.
“La Dirección General de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros tiene como obligación garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a la preservación y protección de quelonios, mamíferos marinos y especies acuáticas en riesgo, áreas naturales protegidas marinas y contingencias ambientales entre otras, a través de políticas y estrategias que se orienten al logro de metas ambientales, combinando una mayor cobertura de las acciones de inspección y vigilancia”, añadió.
Agregó que de tal modo serán las autoridades correspondientes las que tomen cartas en el asunto para hacer la vigilancia, para que se aplique la ley como debe ser contra la o las personas implicadas en el ecocidio, y las autoridades deben actuar lo más pronto posible para que no se siga saliendo de control esta situación.
Explicó que tiene conocimiento que las personas que cometen estos delitos tienen castigo de tres a seis años de prisión, con derecho a fianza, pero como los hechos en el municipio se cometieron en un Área Natural Protegida, la pena se duplica a las personas que molesten o dañen a las especies marinas en peligro de extinción tortugas marinas, y mamíferos marinos, como Manatí o Delfines; así se establece está en la Ley General de Equilibrio Ecológico.
(Texto: Fernando Kantún / Fotos: Fernando Kantún / POR ESTO!)