ESCARCEGA, Campeche.- Decenas de árboles de las especies pucté, dzalam, zapote, granadillo y muchas otras más, de la zona forestal del ejido Cinco de Febrero, Champotón, están siendo talados ilegalmente por presuntos habitantes de las localidades de El Lechugal y Laguna Grande, Escárcega, tanto para fabricar carbón como para embarcar la madera en rollo o en cuadro, en dimensiones muy grandes que tienen como destino final el vecino estado de Quintana Roo, denunciaron campesinos de la comunidad afectada.
Los ejidatarios, que culpan de esa situación tanto a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) como a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por la negligencia con la que han actuado ante la tala ilegal que se está registrando en terrenos del Cinco de Febrero, que colindan con Lechugal y Laguna Grande, ya que es un problema que conocen, pero que no combaten.
Detallan, en un escrito entregado al diario de la Dignidad, Identidad y Soberanía, que desde el 2016 se interpuso una denuncia ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) –hoy FGR-, y apenas hace siete meses se abordó nuevamente el tema con personal de la nueva administración federal, estando presentes funcionarios de Semarnat, Profepa, Secretaría de Gobernación y del subsecretario de Gobierno, Joel Juárez Castellanos.
Proliferan carboneros
En esa reunión, recuerdan, un funcionario de la Semarnat, un tal “Vicente”, asumió el compromiso de que se coordinarían con la Policía Estatal Preventiva (PEP), con la Gendarmería Nacional e incluso con el Ejército Mexicano para llevar a cabo una operación enfocada a detener a los talamontes, pero a la fecha no se ha llevado a cabo ninguna inspección y los destrozos siguen ocurriendo a gran escala.
Señalaron que cuando el tal “Vicente” decidió acudir hasta la zona de Laguna Grande, encontró que unas 80 personas se estaban dedicando a la producción de carbón, y pese a que les tomo fotografías y su ubicación, esa actividad ilegal se sigue realizando en detrimento del medio ambiente y cada vez hay más carboneros y más destrozos en la zona forestal del Cinco de Febrero.
La selva, añaden, sucumbe a manos de los taladores que cortan árboles de pucté, dzalam, zapote y granadillo para llevárselos cortados en rollo o en cuadro, amparados en permisos de explotación forestal de otras comunidades que sí tienen autorización para el aprovechamiento forestal de sus terrenos, sin mencionar la gran cantidad de especies que son taladas para la elaboración de toneladas de carbón.
Madera, a Quintana Roo
En el documento entregado al POR ESTO!, los afectados afirman que cada semana salen de Laguna Grande dos tráileres con madera que tienen como destino final la Riviera Maya, en el vecino estado de Quintana Roo, lo cual es sumamente sospechoso porque tal comunidad no tiene terrenos forestales, ni mucho menos árboles para procesar las trozas que se mandan, por lo que se preguntan quién les da la documentación requerida para transportarla.
¿Quién está coludido con ellos?, se preguntan los denunciantes, ya que es muy sospechoso que a pesar de que los ejidatarios del Cinco de Febrero cuentan con un expediente que han entregado a autoridades como Semarnat, Profepa, FGR y el propio Palacio de Gobierno, hasta la fecha no hayan hecho nada para ponerle un fin a esa problemática de la que están debidamente enterados.
Refieren que en estos momentos, si alguna de esas autoridades decide corroborar esta denuncia, se dará cuenta que en esa superficie están talando madera que es transportada hacia El Lechugal o hacia Laguna Grande, y desde esas comunidades enviada hacia su destino final, lo que está dejando millonarias ganancias a los taladores furtivos.
Urge entrar en acción
Ante lo que está ocurriendo en esa zona, consideran que urge una inspección con personal de todas las dependencias involucradas, con apoyo de elementos del Ejército Mexicano y de la División de Gendarmería de la Policía Federal, en vista de que esas personas andan armadas, lo que las hace doblemente peligrosas, ya que el negocio ilegal que practican los obliga a andar a la expectativa y dispuestos a todo, con tal de defender su lucrativo negocio.
Reiteran que la tala ilegal para producir tanto carbón como para la madera en corte y en rollo que es llevada a Quintana Roo, es a grandes dimensiones, por lo que el impacto a las reservas forestales de la entidad es incalculable, por lo que le piden tanto a las dependencias ya señaladas, que son las que tienen injerencia en el tema, así como al gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, coordinarse para proteger el medio ambiente.
“En el expediente que todos tienen ya en sus manos, detallamos dos nombres de los cabecillas que dirigen a los talamontes, y los de los carboneros del ejido Laguna Grande; revísenlo, y hagan algo para proteger al ambiente y detener a los culpables de todos estos destrozos”, concluyeron.
(Texto: Martín Contreras / Fotos: Martín Contreras / Especiales)