Trabajadores de Oceanografía presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los probables responsables por la violación del proceso laboral iniciado ante la Junta Especial número 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) para el remate de laudos y otras garantías laborales, entre los que destacan las autoridades de dicha junta de Ciudad del Carmen, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Estado, autoridades marítimas y representantes de la misma empresa propiedad de Amado Yáñez Osuna, luego de que su bien en garantía, el barco “Caballo Azteca” fuera robado con total impunidad el pasado 23 de julio.
La embarcación en cuestión fue remolcada impunemente hace varias semanas desde las costas de Sabancuy, donde se encontraba encallada desde diciembre del 2017, y trasladada hasta el puerto de Seybaplaya, pese a contar con una orden de embargo y remate que fue entorpecida por la propia autoridad laboral; ubicada en aguas seybanas persisten las acciones de desguace y chatarreo, además de que se insiste en desaparecer el “Caballo Azteca” como “fierro viejo”, sacándolo por partes a través del puerto de la cementera Monserrat Sand.
Más de una decena de obreros acudieron ante el Ministerio Público Federal ubicado en Ciudad del Carmen desde el 1, 19 y 27 de agosto, donde presentaron denuncias individuales y colectivas que quedaron consignadas en las carpetas de investigación FCD/CAMP/CCAR/0000565/2019 y FCD/CAMP/CCAR/0000347/2019 de la Sexta Agencia Ordenadora.
Los hechos
Señalan que como ex trabajadores de Oceanografía S.A. (OSA), luego de ser despedidos injustificadamente o bien simplemente se les dejó de pagar por sus puestos laborales, iniciaron desde hace más de un lustro diversos procedimientos ante la JLCA, entre ellos los expedientes 057/2011; 696/2015; 475/2010; 347/2013; 130/2013; 632/2015; 629/2015; 697/2015; 088/2014; 086/2014; 086/2014; 478/2014; 630/2015 y otros, en los cuales ya fue condenada la empresa mediante laudos firmes desde el 2014, 2016, 2017 y 2018 a pagar liquidaciones, salarios caídos y diversas prestaciones laborales.
Precisaron que desde 2014 Oceanografía fue asegurada por autoridades federales y resguardada por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y la extinta PGR, por lo que desde hace varios años los trabajadores afectados procedieron a tramitar embargos precautorios de bienes como garantía de pago, entre los que destacan el barco “Caballo Azteca”, además del “Caballo Criollo” y “Caballo Azul”.
En ese tenor, el “Azteca” ya contaba con una orden de embargo y remate firme desde el pasado mes de marzo del presente año, pero fue entorpecida tanto en marzo como en abril luego de incendios en las oficinas laborales, por lo que exigieron a la JLCA lanzar exhortos a las autoridades de la Secretaría de Marina (Semar), como el Vicealmirante Alejandro Miranda Oceguera, y para el Capitán de Puerto Idelfonso Carrillo Mora, para informar que el bien no debía ser movido de su ubicación frente a Sabancuy y no ordenaran su despacho, pues ello violaría el proceso laboral, ya que existían las evidencias de estaba siendo desmantelado para empezar a remolcarlo.
Pese al compromiso de las autoridades navales, el pasado 23 de julio el “Caballo Azteca” fue movido frente a las narices de las mismas autoridades que se habían comprometido a garantizar su permanencia, hechos que consideraron completamente ilógico que los responsables de la seguridad en el mar no se percataran de estos movimientos, ya que se trata de una nave de más de 10 mil toneladas de peso muerto, y por sus dimensiones resulta evidente que fue remolcado con ayuda de otras embarcaciones.
Los implicados
Es por ello que los obreros solicitan a la Fiscalía General de la República iniciar las indagatorias pertinentes por este hecho considerado a todas luces el robo de un bien embargado ante una autoridad laboral.
Señalan entre los probables responsables de la comisión de un delito, en primer término, al ex presidente de la JLCA, Javier Ignacio Chérrez Sierra, a quien acusan de entorpecer el procedimiento laboral, lo que facilitó el robo del bien; así mismo al ex titular de la Secretaría del Trabajo del Estado, Jorge Radamés Romero Bock, quien fue omiso en todo momento; al Capitán de Puerto regional de Isla del Carmen, Capitán Idelfonso Carrillo Mora; al Capitán de Puerto Regional de Seybaplaya, Capitán Armando Zamarripa Loera.
También, a las empresas Oceanografía S.A.; Transportes Marítimos Navieros y Terrestres S.A.; Servicios Operativos y Administrativos S.C.; Asesoría Técnico Administrativa S.C.; y al empresario Amado Yáñez Osuna.
Así mismo a la Administración Portuaria Integral del Estado de Campeche (Apicam); a quien se considere depositario legal del bien embargado, el ex síndico del SAE, Sergio Francisco Hermida Guerrero; entre otros posibles implicados de quienes solicitan sean notificados y llamados a declarar sobre la desaparición del bien embargado.
Advierten que en todo este tiempo, y gracias a las omisiones de las autoridades responsables, el bien se ha depreciado en su valor original de más de 500 millones de pesos, y de su última valuación en 38 millones 515 mil pesos como garantía de pago, podría haberse devaluado en mucho menos de la mitad, pues cuentan con evidencia documental de que está siendo desguazado frente a Seybaplaya, contando con la impunidad y complicidad de los antes señalados.
(Texto y fotos: Redacción /
POR ESTO!)