Pese a que la Constitución establece que el Sistema Anticorrupción debe presentar un informe anual de actividades, actualmente no se tiene el dato de cuántas personas están vinculadas por delitos asociados al Código Penal Federal en materia de corrupción, lo que representa un reto para los sistemas estatales, señaló Gilberto Tinajero Díaz, secretario ejecutivo del Sistema Anticorrupción de Jalisco.
Explicó que el Sistema Nacional Anticorrupción cuenta con una plataforma digital nacional que permite generar alertamientos y detecciones, pero estas deben derivar en investigaciones por parte de los organismos internos de control. En caso de detectar faltas administrativas graves, deben ser turnadas al Tribunal de Justicia Administrativa, y si se trata de presuntos hechos de corrupción, presentarse ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.
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Advirtió que las investigaciones deben realizarse con debido proceso para garantizar una adecuada procuración de justicia y evitar que los casos no concluyan con imputaciones penales. Consideró que esta es una tarea pendiente que debe difundirse, analizarse y evaluarse para conocimiento de la ciudadanía.
Otro reto para los sistemas estatales de participación ciudadana es la falta de datos procesados, lo que impide conocer cuántas personas están formalmente vinculadas por delitos de corrupción. Tinajero Díaz planteó que se requiere mayor investigación, procesamiento de información y involucramiento ciudadano en las acciones contra la corrupción.
También subrayó que la impunidad es el principal factor que permite que la corrupción prevalezca. “Si el que la hace no la paga, se genera un patrón repetitivo”, expresó. Explicó que los estudios conocidos como árboles de impunidad revelan que cuando el cálculo de corromperse es favorable por vacíos legales, mafias o redes de protección, se generan patrones de repetición.
Finalmente, enfatizó que la estrategia efectiva debe partir de una voluntad política decidida por parte de las y los gobernantes de México, para enfrentar la corrupción en los más altos niveles de la administración pública y sancionar a quienes saquean el erario público.