La despenalización del aborto en los tres Estados de la Península de Yucatán representa un avance histórico en materia de derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, este cambio legal no garantiza por sí mismo el acceso libre, seguro y adecuado a los servicios de interrupción del embarazo. Quienes deciden abortar aún enfrentan criminalización, inseguridad, clandestinidad, estigmas, castigos y el despojo de su autonomía corporal.
Así lo advirtió Patricia Turriza, vocera de la Red de Mujeres y Hombres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género (Redmyh) A.C., quien subrayó que, aunque la despenalización es una realidad en Quintana Roo, Campeche y Yucatán, el reto ahora es transformar las prácticas institucionales y culturales. “El estigma persiste en el personal de salud y en las dinámicas religiosas y sociales, limitando el ejercicio libre e informado de los derechos sexuales y reproductivos, incluido el aborto”, señaló.
En Quintana Roo, a casi tres años de la despenalización, solo existen servicios formales de interrupción del embarazo en tres hospitales (Chetumal, José María Morelos y Cancún). A pesar de ello, muchas mujeres y personas gestantes recurren al acompañamiento de colectivas feministas debido a la revictimización o la objeción de conciencia de algunos médicos.
En Campeche y Yucatán, donde la despenalización ocurrió en 2025, se requiere capacitar al personal de salud de todos los niveles para garantizar información veraz y la prestación de servicios de aborto seguro, considerando la historia y cosmovisión maya, y evitando imponer un modelo médico hegemónico que desconozca las prácticas de autocuidado y autoatención de las mujeres.
La activista recordó compromisos internacionales que respaldan esta lucha, como el Compromiso de Tlatelolco adoptado en agosto de 2025 durante la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer, y la recomendación del Comité CEDAW de julio de este año para eliminar obstáculos como estigmas, trabas procesales y exigencias indebidas hacia mujeres víctimas de violencia sexual.
“Tenemos camino por recorrer, pero hay que reconocer el papel de las acompañantes, quienes con un enfoque feminista han construido redes de información y consejería que desestigmatizan el aborto voluntario, resignificando el cuidado y la autonomía de las mujeres y personas gestantes”, concluyó Patricia Turriza.