La organización política nacional Liberación Democrática Social (Lidesol) interpuso ante el Juzgado de Distrito en materia administrativa y civil del Estado de Campeche una demanda de amparo indirecto en contra de autoridades gubernamentales por violación sistemática de derechos humanos fundamentales de toda la ciudadanía campechana en materia de movilidad, transporte público digno, accesible y precio justo.
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Así lo dio a conocer el presidente de esta agrupación, Luis Humberto Gutiérrez Ramírez, quien detalló que el recurso legal documenta presuntas violaciones graves relacionadas con el derecho a una movilidad digna, derivadas, aseguró, de la implementación del nuevo sistema de transporte público Ko'ox, el cual ha encarecido hasta en 125 por ciento el gasto semanal de las familias, al pasar de aproximadamente 200 a 450 pesos en hogares con tres hijos.
Entre las irregularidades señaladas, enumeró presunta opacidad en la construcción del Tren Ligero, cuyo costo estimado asciende a 4 mil 200 millones de pesos, así como diferencias superiores a mil 200 millones respecto a cifras oficiales, sin explicación pública. Asimismo, acusó actos de discriminación institucional al considerar que el Ko’ox excluye a adultos mayores, personas de escasos recursos y habitantes de zonas rurales, al exigir tarjetas específicas o pagos exactos para acceder al servicio.
La demanda también incluye señalamientos por el uso indebido de datos personales, al obligar, según Lidesol, a los usuarios a proporcionar información como INE y CURP sin claridad sobre su tratamiento, además de posibles irregularidades en la concesión del servicio a empresas privadas sin procesos de licitación pública ni transparencia en contratos y subsidios.
Otro de los puntos expuestos es la eliminación de rutas tradicionales directas y su sustitución por esquemas de transbordo obligatorio, lo que, afirmó, complica los traslados y eleva costos, afectando principalmente a colonias populares y a sectores vulnerables. Gutiérrez Ramírez añadió que existen reportes ciudadanos sobre cobros indebidos y desaparición de saldo en tarjetas de prepago, fenómeno que calificó como 'microhuachicoleo digital'. También denunció la existencia de tarifas arbitrarias en distintas modalidades de transporte, sin estudios socioeconómicos ni publicación oficial.
El amparo incluye además presuntas omisiones en la regulación de precios de combustibles, al considerar que impactan directamente en el costo del transporte, así como un trato desigual en la aplicación de la ley, al permitir, dijo, que unidades operen sin placas mientras ciudadanos son sancionados por faltas similares.
Finalmente, Lidesol solicitó que, mientras se resuelve el juicio, el servicio de transporte público sea gratuito en todo el Estado, además de establecer una tarifa preferencial de cinco pesos y subsidios que garanticen el acceso equitativo a la movilidad para toda la población.
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JGH
