Campeche / Ciudad del Carmen

Familias viven sin luz ni agua en privada de la colonia Caracol, en Ciudad del Carmen

Habitantes de la privada Francisco I. Madero, en la colonia Caracol, denuncian que desde hace más de una década viven sin energía eléctrica, agua potable ni calles adecuadas por falta de regularización.

Familias de la privada Francisco I. Madero viven sin luz, agua ni calles adecuadas.
Familias de la privada Francisco I. Madero viven sin luz, agua ni calles adecuadas. / Perla Prado Gallegos

Habitantes de la privada Francisco I. Madero en la colonia Caracol han expuesto la complicada situación que enfrentan decenas de familias que habitan en este sector, donde carecen de servicios básicos como energía eléctrica, agua potable y vialidades en condiciones adecuadas, pese a encontrarse a escasos metros de una calle ya municipalizada. A decir de los habitantes, este espacio que nació como una invasión hace 15 años, oficialmente no aparece en los registros municipales, lo que impide acceder a contratos formales de servicios.

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Virginia Gutiérrez Uc, pastora de una congregación cristiana asentada desde hace cinco años en dicha privada ubicada en zona federal, explicó que, aunque físicamente la privada se encuentra muy cerca de la calle adoquinada que termina aproximadamente a 15 metros del acceso, a partir de ahí no existe ningún poste ni red que permita la contratación directa de energía eléctrica.

Detalló que personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les ha informado que no pueden otorgar contratos debido a que la zona no está municipalizada ni regularizada, situación que los deja fuera del “mapa” administrativo y los obliga a buscar alternativas para subsistir.

Vecinos comparten electricidad de forma riesgosa y limitada. / Perla Prado Gallegos

Ante esta carencia, los vecinos se ven forzados a compartir el suministro eléctrico con quienes sí cuentan con contrato en áreas cercanas, una práctica que, aunque surge de la necesidad, resulta limitada y riesgosa, ya que la capacidad de carga no es suficiente para cubrir las necesidades básicas de todas las viviendas. Esta condición impide el uso normal de electrodomésticos y afecta directamente la calidad de vida de las familias.

Además de la falta de energía eléctrica, la pastora señaló que tampoco cuentan con servicio de agua potable. Explicó que, al no tener predial, no pueden acceder a tomas formales, por lo que los habitantes recurren a soluciones improvisadas para abastecerse, sin que esto garantice un suministro constante ni seguro. Indicó que la única contribución que actualmente realizan es el pago del derecho de zona federal, trámite que algunos vecinos apenas comenzaron a regularizar tras un reciente censo aplicado en el área.

De acuerdo con Gutiérrez Uc, en esta privada alrededor de 30 familias se encuentran en esta situación, y si se considera toda la franja que se extiende hacia el fondo, el número podría ascender a unas 60 familias que viven sin servicios básicos. Aseguró que cuando ella llegó al lugar hace cinco años, la problemática ya existía, y que, según vecinos antiguos, la formación del asentamiento podría tener entre 10 y 15 años.

La falta de regularización también afecta la movilidad, especialmente durante la temporada de lluvias. Describió que el tramo donde termina el adoquinamiento se vuelve prácticamente intransitable, ya que el agua se estanca y el lodo dificulta el paso, afectando principalmente a madres y padres que deben trasladar a sus hijos a la escuela caminando, muchas veces con uniforme y útiles escolares bajo condiciones adversas.

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Respecto a la posibilidad de regularizar los terrenos, señaló que recientemente personal del ayuntamiento acudió a la zona para realizar levantamientos, aunque hasta el momento no se les ha proporcionado información clara sobre los pasos a seguir ni sobre la viabilidad de integrar la privada al padrón municipal. Aun así, reconoció que estas visitas generan esperanza entre los habitantes, ya que anteriormente ninguna autoridad había acudido al lugar.

Como representante de la iglesia, Virginia afirmó que su intención es cumplir con todos los requisitos legales para operar de manera formal, sin embargo, explicó que los trámites se vuelven imposibles cuando las dependencias exigen el pago de predial, un requisito que no pueden cubrir precisamente por la falta de regularización del terreno. Esta situación, dijo, crea un círculo vicioso que les impide avanzar.

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