Antropólogo Jorge Franco Cáceres
En los últimos 36 años, el cultivo de peces, denominado acuacultura, no ha resultado una opción económica, y menos alternativa social frente al colapso de las pesquerías, la afectación de la calidad del agua por la contaminación antropogénica y demás formas de destrucción marino-costera en la península de Yucatán.
Ninguno de los tres estados peninsulares, a pesar de sucesivas modificaciones “al vapor” de sus leyes de pesca y acuacultura para pretender sostenibilidad, se ha aproximado como acuacultor a la relevancia productiva que tiene una gran cantidad de regiones de China, de varios países de la antigua Unión Soviética, la India y Japón.
A pesar de lo tremendamente dañina que es para el espacio-territorio de los mares y las costas, puesto que sus descargas afectan la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, la acuacultura se ha intentado con bastante frivolidad y oportunismo empresarial en nuestra región. Esto significa que esa industria bajo sombras de corrupción no ha estado sujeta a investigación avanzada para certificar sus impactos múltiples sobre los patrimonios culturales y los recursos naturales.
El cultivo de vegetales del mar no se ha desarrollado en Yucatán, Campeche ni Quintana Roo, a pesar que se habla de estudios relacionados con los procedimientos de producción y uso de las semillas. Se dice, incluso, que estos trabajos han alcanzado alto grado de excelencia ante el Conacyt, a pesar de que los pocos vegetales que se cultivan en las tres entidades permanecen en instalaciones comunes o piletas rudimentarias, no siempre ubicadas en sitios adecuados.
Ningún tipo de acuacultura en gran escala se realiza en alguna zona de la península yucateca. No hay cosechas para fines alimentarios importantes, como sí sucede con Porphyra y Undaria, en Japón, y Laminaria, en China. El interés por estos cultivos no ha avanzado en nuestra región, a pesar del mercado global que tienen. La poca acuacultura que se realiza en algunos municipios carece de mecanización y organización, es decir, depende del elemental trabajo manual. Particularmente inaceptable fue lo ocurrido con la acuacultura en Sisal, que no significó provecho para los pescadores y que solo dejó kilómetros de paisajes de lastre.
Sin mucho interés por su cultivo como alimento, menos interés hay hacia la producción de agar, alginatos y carragenatos. El concepto de cultivo marino para usos energéticos, tales como gas biológico etanol o, en gran escala, como alimento humano, nunca ha sido considerado, pues en Yucatán, Campeche y Quintana Roo no se juzga necesario que se deba aliviar la presión en las prácticas agriculturales terrestres, teniendo a la producción marina como opción, es decir, para sustituir a la plantas terrestres.
Conviene destacar un serio problema para la sostenibilidad de la acuacultura en nuestro espacio-territorio marino-costero. Se trata del deterioro sistémico de multitud de paisajes culturales debido a la calidad de sus aguas por el proceso conocido como eutrofización, ocasionada por las descargas residuales en las aguas superficiales y subterráneas. La lámpara de Diógenes es necesaria para dar con plantas del tratamiento para subsanar este problema crónico-degenerativo de impactos económico-patrimoniales, medioambientales y socioculturales.
Se habla también del cultivo de algas en gran escala como una fórmula para utilizar el exceso de nutrientes y producir biomasa útil, sin que proceda gran cosa al respecto. A decir verdad, el uso energético de la biomasa y el control de la eutrofización costera en la península de Yucatán serían acciones útiles contra el calentamiento global. Varias instituciones opinan sin que ninguna dé muestras de capacidad para ser determinante en algún sentido.
Así las cosas, no podemos hablar más que del fracaso sistémico de la acuacultura en nuestra península en los últimos 36 años. Puede la FAO y los gobiernos estatales decir lo que quieran en los foros peninsulares, porque lo cierto es que tendencias utilitarias van e intentos fallidos vienen en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, decidiéndose siempre los usos contradictorios y perjudiciales del espacio-territorio marino-costero.
Se trata de usos insostenibles de interés mercantil, que nada tienen que ver con el avance económico de beneficio social de la acuacultura, para enfrentar el colapso de las pesquerías, la afectación de la calidad del agua por la contaminación antropogénica y demás formas de destrucción marino-costera.
No cabe duda de que cualquier planteamiento sobre la viabilidad de la acuacultura para el desarrollo sostenible tiene que partir del reconocimiento público de la existencia de intereses, conflictos y perjuicios relacionados el abuso industrial y urbano de los mares y las costas, así como con la explotación mercantil de los paisajes culturales y los recursos naturales.
Es indudable que el espacio-territorio marino costero de la península de Yucatán se encuentra a expensas de conflictos alrededor de la privatización, de intereses en torno a la mercantilización y de perjuicios debidos a la industrialización y la urbanización.