Zheger Hay Harb
La nota colombiana
James Stewart, fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional (CPI) de visita en Colombia, advirtió al gobierno nacional que si se reforma la Justicia Especial de Paz (JEP) para crear una sala especial que juzgue a los militares, estos quedarían sujetos de manera inmediata a su jurisdicción supranacional.
Este espaldarazo a la JEP se da en momentos en que el Centro Democrático, partido del expresidente Álvaro Uribe, propone en el congreso de la República que se modifique la justicia especial para que el juzgamiento de los militares que se sometan a ella se realice por parte de una sala especial que sería creada al efecto porque consideran que estos no pueden ser equiparados a los exguerrilleros.
La oposición (Colombia Humana, de Gustavo Petro, y su Lista de la Decencia, su candidata a la vicepresidencia, del Partido Verde, y quienes integran esa bancada y el Polo Democrático al que pertenece el senador Jorge Enrique Robledo) aliada con legisladores de centro de otros partidos, algunos de los cuales participaron en las negociaciones de paz, ha rebatido los argumentos de la extrema derecha con el argumento principal de que con ello se desnaturaliza el acuerdo de paz que ya tiene rango constitucional.
Pero hay un argumento adicional y es que esa modificación perjudicaría en primer lugar a los miliares a quienes dicen querer favorecer, tal como me he atrevido a afirmar en esta columna en pasadas oportunidades. Así lo han señalado quienes se oponen a esa iniciativa y ahora lo ratifica el fiscal adjunto de la CPI.
Ya la fiscal general de esa corte internacional, Fatou Besuda, en su visita el año pasado al país, había dado un espaldarazo a la justicia transicional considerando que tal como estaba conformada no entrañaba impunidad. Pero lo que se haría con la reforma que se propone cambiaría completamente el equilibrio que se construyó con una gran responsabilidad jurídica para que los crímenes atroces no quedaran impunes con la condición de que quienes los hubieran cometido y se sometieran a ella dijeran la verdad y se comprometieran a reparar a sus víctimas y no reincidir.
El expresidente Uribe montó en cólera y, como ocurre con todo lo que tenga que ver con el proceso de paz, ha desarrollado una campaña feroz contra la JEP diciendo que con ella se consagró la impunidad de los exguerrilleros. Pero la verdadera impunidad es la que ahora se pretende con la reforma que muy probablemente no pasará en el congreso.
Si ya desde cuando iniciaron los debates sobre ese punto se ha visto una oposición organizada y con argumentos sólidos, la venida del fiscal adjunto de la CPI y sus declaraciones hace más difícil pensar que ese adefesio logrará imponerse.
Hoy se conoció que un militar condenado por violación y asesinato de tres menores, quien se encontraba recluido en la prisión militar de Tolemaida, pidió ser admitido en la JEP. Ya el Centro Democrático ha dicho que así como a los exguerrilleros que han cometido delitos sexuales los juzgará ese tribunal especial, igual debe ocurrir con este militar. Haber esgrimido este caso equivale a un auténtico bumerán porque ese es precisamente el peor ejemplo de deshonor militar: se trata de un oficial que violó a una menor campesina y, como sus dos hermanitos fueron testigos, los asesinó.
Pero, aparte de lo truculento de este caso, en general cualquier militar que se someta a la justicia transicional deberá acogerse a sus normas tal como quedaron establecidas en el acuerdo de paz firmado entre el gobierno nacional y la exguerrilla de las FARC, lo cual equivale a un compromiso del Estado colombiano. Ya 1,929 militares se han acogido a ella y sus procesos están en curso.
De acuerdo con sus normas y con un sistema semejante al de la justicia ordinaria que premia la aceptación de responsabilidad con rebaja de pena, si desde un comienzo declaran la verdad recibirán una condena de 5 años; si la dicen en una etapa procesal posterior, la condena sería de 8 años y si no la dicen y son vencidos en un juicio controversial y con respeto al debido proceso, la condena que recibirían es de 20 años, en todo caso menor que la que señala el código penal y no necesariamente en un establecimiento de reclusión.
Siendo que este sistema transicional en general beneficia a los militares que hayan delinquido, habría que preguntarse por qué insisten en abolirlo quienes se presentan como sus defensores. ¿Estará la respuesta en la verdad que eventualmente puedan revelar?