En una histórica decisión, un tribunal de San Salvador condenó a cinco años de prisión al exfiscal general, Luis Martínez, por el delito de divulgación de material reservado y le ordenó que pague a la víctima 125.000 dólares en concepto de responsabilidad civil. Martínez fue enviado a juicio por divulgar conversaciones privadas del sacerdote español Antonio Rodríguez, interceptadas por el Centro de Escuchas Telefónicas del Ministerio Público durante el proceso legal que se siguió en su contra por el papel de intermediario en la llamada tregua entre las pandillas y el gobierno salvadoreño en 2014. El padre Toño, como es conocido el sacerdote, alegó que las dichas conversaciones fueron utilizadas para obligarlo a confesar delitos en su papel de mediador en la tregua y presionarlo para salir del país.