Zheger Hay Harb
La nota colombiana
Hace dos noches un atentado explosivo en la Escuela de Policía General Santander en Bogotá segó la vida de 21 jóvenes cadetes y ocasionó heridas, algunas de gravedad, a 77.
No fueron los únicos damnificados: además de los daños materiales a la escuela, los vecinos, como generalmente ocurre en este tipo de actos terroristas, sufrieron afectaciones en sus viviendas y sus personas, además de los que padecieron simples transeúntes que tuvieron la mala suerte de pasar por ahí en el momento del atentado.
Como siempre que se presenta un hecho de esta naturaleza, lo primero que hay que preguntarse es a quién beneficia. Podemos tener una aproximación mirando las reacciones a este deplorable hecho: Apenas se supo la noticia el ex presidente Uribe manifestó en un trino: “Grave que la paz hubiera sido un proceso de sometimiento del Estado al terrorismo”. Era impensable que este azuzador de la violencia desaprovechara este momento para verter toda su capacidad de odio, utilizando el dolor de las víctimas de manera tan irresponsable para vengarse envidiosamente del éxito de Santos en lograr la desmovilización de las FARC que tan esquiva le resultó durante sus dos mandatos a pesar de sus deseos.
Y su hijo Jerónimo, tan activo como su hermano y su padre en salir en contra de cualquier paso hacia la paz, trinó: “se sabía que la paz de Santos era una farsa. Enfrentar el mar de coca, minería ilegal y corrupción que dejó Santos es un tremendo reto para el presidente Duque”.
El fiscal general Néstor Humberto Martínez no podía quedarse atrás: aprovechó la oportunidad para presentar, como éxitos inmediatos de su gestión unos datos que cualquiera, con opción de entrar a los listados del RUNT (identificación de todos los conductores del país y sus vehículos) podía conocer, para señalar quién es el propietario de la camioneta que explotó cargada de explosivos y se explayó en detalles que figuran en esa página: quién fue el propietario inicial, a quién traspasó la propiedad del carro y éste a su vez a quién y presentó como si fuera la coronación de la cumbre del Himalaya, las fotos que habían captado las cámaras tanto de la Escuela de Policía como de sitios adyacentes, que indicaban la trayectoria de esa camioneta. Todos datos que estaban a disposición de cualquiera que pudiera entrar a mirar sus registros. No se necesitaba ninguna investigación.
Y de ahí, siendo que el propietario era una persona de Arauca (departamento limítrofe con Venezuela donde tradicionalmente ha hecho presencia el ELN) llegó a la gran conclusión de que el atentado había sido perpetrado por esa guerrilla.
Ese fiscal, que hasta el minuto anterior a la explosión era objeto de marchas pidiendo su renuncia por incapacidad ética y por no mostrar resultados en las investigaciones sobre corrupción, se reivindicó de esa fácil manera con la cual deslumbra a los desinformados. Hay que ver la solemnidad con que apareció al lado del presidente de la República y el ministro de Defensa, otro guerrerista, actuando como adalid contra el terrorismo.
No tengo seguridad de que el ELN haya sido el autor del atentado. En muchas ocasiones ha dado muestras de torpeza política y no se si ésta en que la consecuencia más inmediata es el rechazo a los diálogos de paz con él sea una de tantas. Pero hay un hecho que llama la atención: el presidente Duque en su alocución llamó a la unidad contra el terrorismo pero no mencionó a la guerrilla como culpable, aunque anunció que levantaba la mesa de diálogo, pidió a Interpol expedir circular roja contra sus jefes y solicitó a Cuba que niegue la entrada a su territorio a sus militantes.
En Colombia los atentados con bomba que causan víctimas civiles indiscriminadas traen a la memoria las épocas de Pablo Escobar y su estrategia de amedrentamiento. Por eso cuando en 2003 las FARC pusieron la bomba en el Club El Nogal, había dudas sobre si eran realmente las autoras o se trataba de uno de esos falsos positivos a que el servicio de inteligencia y la fuerza pública nos tienen acostumbrados.
A quienes piden ahora mano dura que nos regrese a los tiempos aciagos de Uribe, hay que decirles que estamos en un momento peligroso: el gobierno, presionado por él y por los halcones de la guerra, ha expedido un decreto autorizando el porte de armas para los civiles con sólo el aval del ministro de Defensa, de notorio corte militarista. Así empezaron las Convivir (organizaciones de “autodefensa” especialmente de ganaderos) que luego terminaron convertidas en grupos paramilitares. A Fedegan (organización de ganaderos), tan cuestionada por supuestas relaciones con el paramilitarismo, el gobierno acaba de devolverles el manejo del Fondo del Ganado que Santos les había quitado por corrupción. Así se va configurando una trama peligrosa.
Por eso, ante la barbarie, no hay que rechazar el proceso de paz sino, por el contrario, presionar para que avance su implementación. No es la desmovilización de la guerrilla lo que ha ocasionado esto, las cifras muestran exactamente lo contrario: en Bogotá, ciudad donde ocurrió el atentado, las cifras de homicidio son las menores de los últimos 40 años. A los agoreros del desastre hay que oponerles la voluntad de paz. Ahora el gobierno y la derecha convocan a marchas contra el terrorismo que buscan presentar como rechazo al acuerdo con las FARC. Pero ojalá esas manifestaciones no sirvan para detener el anhelo de paz y frenar los pedidos populares contra la corrupción y concretamente contra el ahora “eficiente investigador”, el fiscal general.