Zheger Hay Harb
La nota colombiana
La guerrilla del ELN emitió un comunicado atribuyéndose la autoría del inexcusable atentado a la escuela de policía en Bogotá. Con ello ha dado una patada a la mesa de diálogos y a la sociedad que clama por el cese del fuego y hostilidades y la finalización negociada del conflicto armado interno.
Es difícil de entender la persistencia de esa organización en realizar acciones que en nada conducen a posicionarla como un actor político que concite el apoyo ciudadano. No conoce el país y no ha sabido analizar el momento político. No ha querido aceptar que el secuestro, en el cual insiste como medio de financiación, es el delito más censurable aún para quienes quisieran poder mirarlo con comprensión.
No han podido entender cómo las antiguas FARC, hoy comprometidas con la democracia, arrastran todavía el peso de acciones parecidas a las de este atentado aún luego de haber pedido perdón por ellas; cómo en las elecciones pasadas tuvieron que constatar con sorpresivo dolor el rechazo, pero luchan por demostrar que sus métodos violentos han quedado en el pasado y fueron de los primeros en condenar esta absurda “acción de guerra” como ciegamente la denomina el ELN.
Tampoco han captado el rechazo que ocasionaron sus anteriores acciones terroristas como la del bombazo contra una estación de policía en Barranquilla en pleno carnaval; es como si vivieran en otro país.
En el momento en que la sociedad presionaba la salida del fiscal general, hundido hasta el cuello en un escándalo de corrupción, le han ofrecido en bandeja de plata la oportunidad de aparecer como el gran investigador, el eficiente funcionario que en tres horas pudo develar a los responsables de un acto terrorista de esa magnitud, a su autor material y a un supuesto autor intelectual.
Las dudas sobre esa investigación persisten; hay muchos cabos sueltos y los hechos que el fiscal presenta como resultado de una actividad detectivesca de gran precisión no son más que elementales videos recogidos por las cámaras de vigilancia que abundan en la ciudad. Queda la duda de cómo la camioneta pudo entrar tan fácilmente a un lugar tan altamente resguardado. Como la historia es terca, no puede uno menos que recordar que cuando se produjo el asalto del M19 al Palacio de Justicia en 1985, la policía y los servicios de inteligencia habían develado el plan con anterioridad y para el día de los acontecimientos la entrada estaba prácticamente sin vigilancia. El ministro de Defensa ha dicho que la camioneta pudo ingresar a la escuela sin ser registrada porque no lo hizo por la entrada principal sino por la destinada a vehículos de carga. ¿Alguien puede creer que la vigilancia se limite a una vía de acceso dejando otra al descubierto? Igual ocurre con la identificación dactilar del conductor y los otros datos sobre ruta del vehículo y su procedencia.
Pero ahora eso pierde importancia ante el hecho contundente de que ese atentado ha brindado el pretexto perfecto que el ex presidente Uribe, el verdadero primer mandatario bajo cuyas órdenes actúa el presidente elegido, estaba esperando para desatar una política de guerra interna. Ahora puede redondear su diseño: la ley que permite armar a los particulares, que ya en el pasado permitió crear las Convivir como asociaciones de civiles para defenderse de la guerrilla luego asumidas abiertamente como paramilitares; las gabelas a la organización de ganaderos siempre sospechosos de alianzas con esos grupos; el nombramiento de funcionarios con talante guerrerista, ya pueden cerrar con broche de oro un esquema que permita “hacer trizas la paz” como pide la extrema derecha.
La marcha que había sido convocada para protestar por la violencia del Esmad (policía antidisturbios) y pedir la salida del fiscal, acabó convertida en una contra el terrorismo entendiendo por éste todo lo que huela a izquierda, aún la democrática. Se presentaron allí hechos de violencia contra quienes pedían que se rechazaran todos los crímenes, incluidos los asesinatos de líderes sociales. Los gritos pidiendo muerte opacaban las consignas por la paz.
En su irresponsabilidad el ELN ha metido en un problema diplomático al país que con tanta generosidad se ha jugado por facilitar la negociación de paz. Allí, por motivos humanitarios, les han brindado tratamiento médico y han tratado de hacerles entender que el diálogo es el camino. No porque comulguen con sus métodos; por el contrario, desde los años 80 el comandante Fidel Castro había declarado que en este país la guerrilla había perdido vigencia.
La comunidad internacional habrá tomado atenta nota de que si se prestan como garantes o facilitadores de un proceso de paz en Colombia pueden terminar en un problema semejante.
Para las organizaciones y líderes que insisten en buscar la paz negociada ahora será más difícil sostener sus argumentos. Sin embargo, hay que insistir, no como un premio al ELN sino porque hay que parar el desangre y ese es el único camino.