Zheger Hay Harb
La nota colombiana
Como complemento de mi columna anterior, presento a continuación otros reparos del fiscal general a la ley estatutaria de la JEP y los contrasto con lo realmente consignado en ella.
El fiscal dice que en su entidad se adelantan 361 investigaciones contra excombatientes de las FARC por hechos presuntamente cometidos después del 1 de diciembre del 2016: 31 por narcotráfico y porte de armas de fuego, 24 por homicidios, 22 por amenazas, 19 por concierto para delinquir, 8 por extorsión, 10 por secuestro, 13 por tráfico de estupefacientes, 10 por delitos sexuales. Hay que responderle al fiscal que por eso mismo es urgente que la ley estatutaria entre en vigor y que esas son investigaciones de la fiscalía que no cuentan con decisión judicial es decir, los hechos no han sido probados. Sólo el juez determina si existe o no culpable.
Ante la determinación de la Corte que señala que la fiscalía podrá seguir adelantando las investigaciones que tenga a su cargo sobre delitos de competencia de la JEP sólo hasta el momento en que ésta asuma la competencia pero que no podrá convocar a diligencias judiciales, el fiscal considera que deja al órgano de control maniatado, significa un aliciente para la impunidad y, como no suspende los términos de prescripción, contribuye a la ineficacia de la justicia “todo ello en desmedro de los intereses de las víctimas y un claro incumplimiento del deber del Estado de ejercer persecución penal por graves crímenes”. En este caso lo que la Corte hizo fue sopesar la necesidad de sancionar los delitos más graves y el cumplimiento de los compromisos de quienes se habían acogido al acuerdo de paz. Decidió entonces solamente referirse a lo que tiene que ver con suspensión de la libertad personal. Pero en ningún momento significa que la Fiscalía deba cancelar la búsqueda de elementos materiales probatorios y evidencia física. Los implicados quedan sometidos al sistema de verdad, justicia y reparación, sus casos serán asumidos por la JEP y deberán responder por los compromisos que les impongan.
En cuanto a los crímenes atroces, el fiscal considera que en el caso de que los culpables sean los máximos responsables de las FARC, éstos quedarían por fuera de la acción penal. Lo que en verdad ocurrió fue la aplicación de un principio de realidad: ante la evidencia de que en el tiempo que tendrá vigencia la JEP sería imposible investigar y sancionar todos los crímenes cometidos durante 52 años en el marco del conflicto armado interno (el mismo que ahora el gobierno quiere negar) lo cual resultaría en impunidad, la Corte la autorizó para que hiciera una selección de los delitos más graves y los máximos responsables de ellos. Eso fue consignado en el marco general para la paz en 2011 que la Corte Penal Internacional (CPI) aprobó asegurando que no garantizaba impunidad.
En este caso de la posible objeción presidencial a la ley estatutaria para la paz, nuevamente se han alinderado las posiciones como en el plebiscito de 2017 en apoyo o rechazo al acuerdo de paz. Ha habido pronunciamientos internacionales instando al presidente Duque a que sancione la ley. Tal vez el más importante y que echa por tierra el argumento del fiscal general que dice que se estaría consagrando la impunidad, es el de la CPI que ha dado un espaldarazo a la ley estatutaria urgiendo al presidente a firmarla, asegurando que no implica impunidad: “Hemos aceptado que las medidas de justicia transicional que Colombia decidió adoptar podrían, si fueran implementadas y aplicadas adecuadamente, cumplir con los objetivos de rendición de cuentas, disponibilidad de recursos para las víctimas y contribución a la disuasión de crímenes futuros, previstos en el Estatuto de Roma. Hemos, por lo tanto, apoyado a la JEP, como el mecanismo clave de justicia transicional adoptado de conformidad con el acuerdo de paz”, aseguró el vicefiscal James Stewart.
Si esto dice el máximo organismo internacional para el juzgamiento de crímenes de guerra ¿cómo es posible que se siga argumentando por parte del fiscal general que se está garantizando la impunidad? Antes este funcionario buscaba invalidar los acuerdos de paz poniendo la amenaza de la CPI, pero ahora que este organismo le da la razón a la JEP, tendríamos que preguntarnos cuál es la razón oculta de su empecinamiento.
El presidente del Partido Liberal, ex presidente César Gaviria, manifestó su apoyo a la JEP a la que llamó “espina dorsal del proceso de paz”, se declaró independiente del gobierno “con la seguridad, de nuestra parte, que no avalaremos nada que ponga en riesgo algo de lo que hemos avanzado en materia de paz, reconciliación, justicia y verdad y reparación”. Dirigentes políticos independientes y de izquierda así como asociaciones de víctimas y organizaciones sociales y organismos internacionales han urgido al presidente la firma de la ley.
Me atrevería a asegurar que las objeciones del fiscal no son más que maniobras dilatorias ante la posibilidad, esa sí real, de que la CPI asuma el conocimiento de las ejecuciones extrajudiciales eufemísticamente conocidas como falsos positivos cometidos por agentes estatales en los cuales muy probablemente estén implicados los ahora llamados “terceros” que con tanto empeño Uribe y sus acólitos han buscado sustraer al escrutinio de la JEP.
Nota: para enumerar los reparos del fiscal tomé en cuenta a la revista Semana.