Zheger Hay Harb
La Procuraduría General de la Nación, que el día de ayer asumió una posición contraria a la de la Fiscalía General contra Santrich en el montaje de un video donde un fiscal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aparece recibiendo dinero supuestamente para evitar su extradición por considerarla infundada, hoy dice que se debe dar vía libre a ella.
Ese concepto fue enviado a la JEP, que se apresta a dar su veredicto sobre si al excomandante lo cobija la garantía de no extradición; el ministerio público considera que no “por lo que el requerimiento formulado por Estados Unidos refiere a hechos posteriores a la firma del Acuerdo Final (de paz)”. Es decir, da por hecho que los supuestos delitos fueron cometidos después de esa fecha; en el caso presente el ilícito se tipifica como concierto para delinquir con el fin de enviar 10 toneladas de cocaína a ese país con participación del Cartel de Sinaloa.
Lo anterior se traduce, según el procurador general, en que es la Corte Suprema la competente para estudiar el pedido de extradición y desestima la solicitud de la JEP al Departamento de Justicia para que le haga llegar las pruebas de que dispone contra Santrich, lo cual se apresuró a negar.
A pesar de que la Fiscalía, contradiciendo sus afirmaciones, tampoco ha podido enviar a la JEP las pruebas de las que tan bravuconamente había presumido y con las que amenazaba integrar un caso contundente, el procurador considera que “existen elementos de juicio suficientes para considerar que los hechos no se dieron con causa, ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, descartándose que se tratara de un delito de ejecución permanente”. Con ello decide que en el caso de que se comprobara el narcotráfico este no podría ser considerado conexo con el delito político, tal como quedó estipulado en el acuerdo de paz. Presumiendo, desde luego, que el delito, si se cometió, haya sido antes de su firma.
Además, acogiendo criterios de la Corte Constitucional, la Procuraduría afirma que la extradición es un importante mecanismo de cooperación judicial internacional que se fundamenta en el interés de los Estados por evitar la impunidad. “El respeto a los mecanismos de trabajo conjunto entre los Estados para combatir el delito es esencial para fortalecer la justicia”, dice la Procuraduría, sin considerar que ya se pactó una justicia transicional.
Así, el procurador considera que la JEP no puede practicar pruebas para determinar cuándo se cometieron los supuestos delitos. ¿De qué manera puede entonces fijar la fecha de la conducta que se le imputa a Santrich?
El excomandante está preso desde el 9 de abril del año pasado en la cárcel La Picota. Se declaró en huelga de hambre hasta casi desfallecer y, aunque ha recibido el apoyo de su partido, también desde la dirección de este ha habido declaraciones en el sentido de que se comprometieron a respetar unas reglas del juego y que quien las rompa debe responder.
La conducta y las declaraciones de Iván Márquez y El Paisa, aunque no constituyen pruebas contra el excomandante, sí tienden un manto de duda porque no es fácil comprender que mientras varios de sus compañeros están en el Congreso de la República o desarrollando proyectos para sus bases ellos digan que no tienen garantías para hacer política abierta. La dedicatoria que Santrich hizo de su excelente dibujo de una lagartija para el capo de capos mexicano Rafael Caro, involucrado en la guerra sucia de Estados Unidos con la contra nicaragüense para atacar al gobierno sandinista “con aprecio y esperanza de paz”, tampoco ayuda en su caso. ¿Con aprecio? Insisto, no son pruebas, pero no contribuyen a la defensa del exguerrillero.
Es claro que la fiscalía participa de manera decisiva, con su inmenso poder, en la campaña para acabar con el acuerdo de paz. Él y el expresidente Uribe no se detienen en urdir todas las trampas posibles para enlodar a la JEP, a la Comisión de la Verdad y a todo el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de no Repetición. Cada vez se les cae el teatro de los montajes solo para esperar cuál será el siguiente.
A pesar de que Duque repita insistentemente que no quiere hacer trizas el acuerdo de paz, como han dicho miembros destacados de su partido, ya Uribe, el verdadero poder detrás de la presidencia, ha dicho que debe acabarse la JEP. El pusilánime presidente sabe que objetar la ley que reglamenta la justicia especial echará por tierra su propósito de parecer progresista, ecuánime y respetuoso del acuerdo de paz y dañará su imagen ante el concierto internacional donde este ha sido encomiado como modelo de la paz posible sin impunidad, pero no tiene cómo resistir al asedio.
Ya Uribe ha señalado públicamente cuáles son los artículos que se deben objetar de esa ley y amaneceremos el lunes con las objeciones presidenciales tal como las ordenó el capataz del Ubérrimo.
Vamos a ver cómo resuelve Duque la contradicción de atacar a Venezuela por antidemocrática y desacatar en su país, el palacio de la democracia, los protocolos firmados por el Estado, el acuerdo de paz firmado por este y una guerrilla que se desmoviliza confiada en su palabra y ahora el desconocimiento de una ley debatida y aprobada por el Congreso de la República y declarada exequible por la Corte Constitucional.