Zheger Hay Harb
La nota colombiana
Estados Unidos está empleando contra Colombia una política de patanes en la que ni siquiera las buenas formas -para no hablar de las convenciones del Derecho Internacional- son tomadas en consideración en su intento por acabar con el proceso de paz e imponer su política antidrogas tan evidentemente fracasada.
Para no hablar sino de los últimos acontecimientos, cuando se acercaba el día en que el Congreso debía decidir si aprobaba o no las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la Justicia de Paz, el embajador de Estados Unidos invitó a los congresistas a un desayuno en la embajada. Entre los concurrentes se encontraba un senador del Partido de la U (de centro derecha) que hizo público el desayuno y la insistencia del diplomático en que debían aprobar la propuesta presidencial, especialmente lo relativo al caso Santrich, la extradición y el uso del glifosato. De inmediato le fue retirada la visa.
Ya desde antes el embajador en múltiples ocasiones se había manifestado contra la política de erradicación de cultivos ilícitos contemplada en el acuerdo de paz (precisamente uno de los artículos que el gobierno ha objetado dentro de esa ley) que pone el énfasis en la erradicación manual con apoyo al campesino para sustituir esas siembras por la de otros productos. Se constituyó así este diplomático en agente oficioso de las “bondades” del glifosato, que producen empresas norteamericanas. Es preciso aclarar que en lo pactado con las FARC no se prohíbe absolutamente el uso de este veneno sino su aspersión por vía aérea porque ya está más que probado que produce daños en la salud y arrasa con los cultivos de pan coger.
Como las objeciones que fueron derrotadas en el Congreso y pasaron a la Corte Constitucional, el embajador invitó a una cena en la embajada a los magistrados, que declinaron la invitación. Entonces, no tuvo empacho en quitarle la visa también al magistrado encargado de presentar a la sala plena el proyecto de fallo, que se supone será negando la pretensión del gobierno puesto que fue él mismo quien presentó la ponencia de exequibilidad sobre la ley que el gobierno pretende ahora modificar. De ahí el empeño del embajador en presionarlo a ver si lo ablanda.
Pero este diplomático fue más allá y les quitó también la visa a una magistrada que se ha mostrado firme en sus convicciones de apoyo a la JEP y a la paz en general y a otro magistrado, encargado de estudiar una tutela contra la aspersión aérea con glifosato. No contento con esto, retiró la visa al presidente de la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia. En este caso, porque negó la extradición de un indígena acusado en Estados Unidos por narcotráfico. La Corte alegó el principio universal de non bis in ídem (nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito) puesto que su comunidad ya lo había juzgado y sancionado con diez años de prisión de acuerdo con la legislación indígena, que tiene plena validez legal en Colombia. Y para demostrar que Estados Unidos actúa en bloque contra el proceso de paz, la agencia de cooperación de Estados Unidos (USAID) canceló un proyecto de cooperación –que ya había sido aprobado- con la Corte Constitucional para su modernización.
Antes de esos acontecimientos la Corte detectó que sus teléfonos y salas de audiencias estaban siendo objeto de espionaje ilegal y denunció el hecho ante la fiscalía general que ya se ha pronunciado anunciando investigaciones.
La respuesta de la rama judicial ha sido unánime para ratificar su independencia. El Consejo de Estado se pronunció así: “ningún elemento, decisión, o actuación de representaciones diplomáticas en el país debe ser usado como mecanismo de presión o represalia frente a las decisiones judiciales”. La Corte Suprema, a su vez, expresó: “Cualquier interferencia, acto injusto, persecución, seguimiento o interceptación ilegal contra sus magistrados, es también una agresión contra la independencia judicial, la cual no es un privilegio de los jueces, sino una garantía de los ciudadanos y bastión de los estados constitucionales que todas las democracias deben defender como una de las mayores conquistas de la civilización”. Llamó a los jueces a “permanecer fieles al cumplimiento de su deber y alejados de presiones indebidas” y pidió a la sociedad y a las instituciones rodearlos de garantías para cumplir su misión.
Y, ante todo esto ¿qué ha dicho el gobierno? NADA. El ex presidente Uribe, preguntado por el asunto de las visas respondió en clara burla: “Nosotros hoy estamos haciendo una propuesta que le interesa al país, construir el teleférico ambiental, de ecoturismo, en una primera etapa entre Santa Rosa de Cabal y la Laguna del Otún para que los colombianos puedan ver esa belleza del Parque de los Nevados. Muchas gracias”. El canciller ha hecho mutis por el foro y la locuaz vicepresidente debe estar tomándose los 500 vasos de agua que la envenenarán para demostrar su demencial afirmación.
Con estos últimos acontecimientos Colombia bate récord en originalidad de sistema político: Duque, quien fue elegido como primer mandatario, es un sub presidente que tiene como real titiritero a Uribe, a quien llama “presidente eterno” y a su vez sus ministros llaman presidente; la vicepresidente del país llama a Trump “mi presidente” y el embajador de Estados Unidos se arroga el papel de orientador de las altas cortes.
Esperamos que la Corte Constitucional demuestre, con su dignidad e independencia, que hay otro país distinto a ese que no se deja arrodillar.