Ese es una de las prioridades de la agenda cubana y está subyacente en la emisión del Decreto-ley 365, relacionado con las cooperativas agropecuarias
Por Marina Menéndez
Fotos: Lisbet Goenaga
LA HABANA.— Normas jurídicas que otorgan más libertad de acción a las cooperativas agropecuarias y unifican su funcionamiento deben dinamizar también la producción de estas entidades, surgidas al inicio de la Revolución y cuya eficiencia resulta clave para Cuba.
Se trata del Decreto-ley 365 de 2018, publicado hace cinco días en la Gaceta Oficial y que entrará en vigor dentro de tres meses, junto a su cuerpo normativo legal.
El propósito es que un solo cuerpo de leyes rija el funcionamiento de los tres tipos de cooperativas existentes aquí para hacer producir el campo: las cooperativas de créditos y servicios (CCS), las de producción agropecuaria (CPA) y las unidades básicas de producción y servicio (UBPC), surgidas cada una en distintas etapas de la Revolución, y con sus características de funcionamiento. Todas, movidas por un mismo resorte: la unión de los campesinos para ser más productivos. Más de 400,000 agricultores se encuentran hoy afiliados a esas unidades de producción, y éstas totalizan más de 4,800.
Se suman, en el campo, las granjas estatales y más de 30,000 productores individuales.
Una modalidad prácticamente nueva es la posesión de tierras ociosas en usufructo, a la que han acudido incluso personas que no se dedicaban a las labores agrícolas ni vivían en áreas rurales, puesta en vigor al calor de los Lineamientos de la Política Económica y Social que traza la actualización del modelo cubano, siempre sobre la base de que en Cuba no existe propiedad privada sobre la tierra: esa forma de tenencia fue eliminada por la Ley de Reforma Agraria que firmó Fidel en el mismísimo año de 1959, y que precisamente acaba de cumplir seis décadas.
Otra medida, de un total de 17 anteriores a este Decreto y también encaminadas a desalmidonar el funcionamiento de las cooperativas en el agro, fue la autorización para que éstas pudieran contratar fuerza de trabajo.
Ahora, directivos del Ministerio de Agricultura convocados por distintos medios de prensa locales, han explicado que uno de los objetivos del Decreto 365 es eliminar las trabas que pudieran seguir entorpeciendo el funcionamiento de las cooperativas agropecuarias y crear condiciones para facilitar su gestión.
Entre las disposiciones se enfatiza en la importancia de trabajar mediante contratos y el respeto que se debe a éstos, pero también se destaca la posibilidad otorgada ya a esas unidades para comercializar, una vez que cumplan sus compromisos con el Estado.
Igualmente, se introducen dos principios relevantes en su funcionamiento: la autosustentabilidad económica y la declaratoria de indivisibilidad del patrimonio.
A ello se suma la educación cooperativa, un postulado relacionado con la vida de los miembros es la responsabilidad que tiene la entidad agropecuaria en la asesoría y capacitación de aquéllos, así como el hecho de que en todas las cooperativas los afiliados tengan igual trato laboral, y similares regímenes disciplinarios y de solución de conflictos.
Otro paso nuevo es que la empresa a la cual se vincula la cooperativa tendrá en lo adelante la responsabilidad de ejercer el control de las normes técnicas sin que ello les reste autonomía, según se ha enfatizado.
Más autonomía financiera y mayor acceso a la comercialización con la esfera del turismo son condiciones propiciadas, igualmente, por las normativas.
Las cooperativas agropecuarias en Cuba gestionan el 67 por ciento de la tierra cultivable que está en manos del Estado, y que asciende a un 81 por ciento del total de la tierra cubana. Las cooperativas producen el 81 por ciento de lo que se extrae al campo.
La dinamización que conlleve a una mayor eficiencia del agro cubano ha sido considerada como necesaria en cada informe gubernamental que llama a producir más y sustituir importaciones, una asignatura primordial para un país pobre y bloqueado como Cuba, al que el recrudecimiento del asedio de Estados Unidos podría hacer más difícil, en lo inmediato, la adquisición de rubros alimenticios que llegaban del exterior.
Según ha reiterado el Presidente Miguel Díaz-Canel, en la batalla económica está el frente principal de la Revolución.