Un fiscal independiente en Corea del Sur solicitó este martes la pena de muerte contra el expresidente Yoon Suk Yeol, acusado de dirigir una rebelión tras imponer de manera temporal la ley marcial en diciembre de 2024, un episodio que marcó una de las crisis políticas más graves del país en décadas.
La petición fue presentada ante el Tribunal del Distrito Central de Seúl, que se espera emita su veredicto en febrero.
Yoon, quien fue destituido formalmente en abril pasado y permanece en prisión, enfrenta ocho procesos penales rel
acionados con la imposición de la ley marcial y otros escándalos ocurridos durante su mandato. El cargo más grave es el de haber encabezado una rebelión, delito que en Corea del Sur puede castigarse con la pena capital o cadena perpetua.
Fiscalía califica la ley marcial como un “autogolpe”
Durante la audiencia, Park Eok-su, investigador principal del equipo de la fiscal independiente Cho Eun-suk, sostuvo que el decreto de Yoon constituyó “actividades antiestatales” y un “autogolpe” destinado a neutralizar el orden constitucional y prolongar su permanencia en el poder.
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Según la acusación, el expresidente habría conspirado durante más de un año para utilizar la ley marcial como herramienta para eliminar a sus adversarios políticos y concentrar el control del Estado.
Aunque la Fiscalía pidió la pena de muerte, expertos legales consideran más probable una condena a cadena perpetua, ya que Corea del Sur no ejecuta a un condenado desde 1997 y la pena capital rara vez se aplica en la práctica.
Un antecedente histórico y una caída política sin precedentes
De confirmarse la condena, Yoon sería el primer expresidente surcoreano en enfrentar una posible pena de muerte desde Chun Doo-hwan, quien fue sentenciado en 1996 por su papel en un golpe militar, aunque posteriormente su condena fue conmutada y terminó siendo indultado.
La imposición de la ley marcial por parte de Yoon, la primera en más de 40 años, provocó el despliegue de tropas armadas en Seúl y la ocupación de instalaciones clave, lo que evocó recuerdos de las dictaduras militares de los años setenta y ochenta.
Miles de ciudadanos se manifestaron frente a la Asamblea Nacional, mientras legisladores, incluidos miembros del partido gobernante, lograron votar contra el decreto.
Defensa, otros cargos y lo que sigue
Yoon ha argumentado que su decisión fue un intento “desesperado pero pacífico” para alertar sobre lo que consideraba abusos del Partido Demócrata, entonces mayoría parlamentaria.
No obstante, la Fiscalía también lo investiga por abuso de poder, falsificación de documentos y desobediencia a órdenes judiciales, delitos por los que ya se solicitó una pena adicional de hasta 10 años de prisión.
Tanto la defensa como la Fiscalía pueden apelar el fallo, y el caso podría llegar a la Corte Suprema este mismo año. Mientras tanto, decenas de exfuncionarios y mandos militares del gobierno de Yoon también enfrentan procesos penales, lo que mantiene a Corea del Sur en un prolongado y complejo ajuste político tras la crisis institucional.
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