Durante las primeras horas de este martes, elementos de la fiscalía general del estado, en coordinación con el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina (SEMAR), ejecutaron un operativo de cateo en al menos dos viviendas de la comunidad de San Ángel, ubicada a 15 kilómetros de la cabecera municipal.
La intervención responde a investigaciones de inteligencia que señalan dichos inmuebles como presuntos puntos de almacenamiento y distribución de sustancias ilícitas, como parte de una estrategia regional para desarticular redes de microtráfico en el norte de la entidad.
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El arribo de las fuerzas federales tomó por sorpresa a los habitantes de esta pequeña localidad, el despliegue, que incluyó unidades y personal fuertemente armado, provocó que los vecinos optaran por el resguardo inmediato, cerrando puertas y ventanas de sus viviendas.
Los comercios aledaños a las zonas intervenidas también suspendieron actividades ante el cerco perimetral establecido por los efectivos. Los puntos críticos de la operación se concentraron en: calle Tulipanes, donde se aseguró el perímetro de una vivienda de fachada civil, calle Pinos, punto donde la presencia militar fue más ostensible, restringiendo el paso peatonal y vehicular.
De acuerdo con los primeros reportes, la incursión no fue fortuita, la Policía de Inteligencia de la Fiscalía habría ubicado estos domicilios tras meses de seguimiento y denuncias ciudadanas anónimas que referían actividad inusual y sospechosa de manera recurrente.
Pese a la magnitud del operativo, las autoridades se han mantenido bajo un estricto hermetismo, hasta el cierre de esta edición, no se han reportado personas detenidas ni se ha formalizado el conteo de sustancias u objetos confiscados, ya que los peritos de la Fiscalía continúan procesando la escena al interior de los inmuebles bajo el resguardo de la Marina.
La incursión en San Ángel no es un hecho aislado, sino que representa la tercera etapa de una ofensiva institucional en la zona, esta serie de intervenciones comenzó semanas atrás y ha seguido una trayectoria clara.
Isla de Holbox, fue el primer punto de impacto, donde las autoridades lograron el aseguramiento de cuatro establecimientos, los cuales quedaron bajo custodia federal y exhiben actualmente los sellos de aseguramiento de la Fiscalía.
Solferino, la segunda comunidad intervenida, aunque en esta localidad no se revelaron las ubicaciones exactas de los inmuebles revisados, la operación trascendió debido a las quejas públicas de un propietario que denunció presuntas irregularidades durante la revisión de su predio.
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San Ángel, se suma ahora a la lista de comunidades bajo escrutinio federal, consolidando un corredor de vigilancia que busca mermar la operatividad de grupos delictivos en la periferia de los centros turísticos.
Al momento, los cuerpos de seguridad de la Federación y del Estado mantienen la presencia en la localidad, se espera que en las próximas horas la Fiscalía General emita un comunicado oficial detallando los resultados de estas diligencias y si existen órdenes de aprehensión derivadas de los hallazgos en las calles Tulipanes y Pinos.
La comunidad permanece en una tensa calma, mientras las fuerzas del orden aseguran el perímetro para permitir la salida de las unidades periciales con la evidencia recolectada.
