La muerte a tiros de Alex Pretti, un enfermero estadounidense de 37 años, abatido el sábado por agentes federales en Mineápolis desató un nuevo tipo de debate sobre los derechos de porte de armas en Estados Unidos.
El gobierno del presidente Donald Trump y agencias de fuerzas de seguridad federales justificaron la muerte de Pretti sobre la base de que portaba un arma en el altercado con los agentes, en medio de protestas por la ofensiva de Trump contra la inmigración en esa ciudad.
En Estados Unidos, la Segunda Enmienda de la Constitución estipula que "el derecho del pueblo de poseer y portar armas no podrá ser infringido". Un derecho que por décadas ha sido objeto de controversia.
La Corte Suprema ha reafirmado dicho derecho y el de portar un arma en público en numerosas ocasiones. En 2023, casi un tercio de los estadounidenses decía poseer un arma de fuego, según una encuesta del Pew Research Center.
Pero al tiempo, la sociedad estadounidense ha sido marcada como ninguna otra nación desarrollada del mundo por tragedias que implican armas de fuego.
Pretti, como muchos estadounidenses, portaba su arma de forma legal, según el jefe de la policía de Mineápolis, Brian O’Hara, quien afirmó tras la muerte del enfermero que este no tenía antecedentes penales.
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"Causar el máximo daño"
Pero para el gobierno de Donald Trump, el hecho de que Alex Pretti llevara un arma en el momento de los hechos justifica los disparos de los agentes desplegados en Mineápolis para apoyar las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Poco después de su muerte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó en X una foto de una pistola, presentada como la que fue encontrada en Alex Pretti. "No deberías presentarte con armas" a una manifestación, sostuvo el domingo en Fox News la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
En la misma cadena, el director del FBI, Kash Patel, consideró que "ninguna persona que quiera ser pacífica llega a una manifestación con un arma cargada y dos cargadores llenos".
Greg Bovino, un alto responsable de la patrulla fronteriza, afirmó en una rueda de prensa el sábado que parecía que el enfermero "quería causar el máximo daño y masacrar a miembros de las fuerzas del orden".
Bill Essayli, un fiscal federal en California, declaró por su parte en X que "si te acercas a las fuerzas del orden con un arma, hay una alta probabilidad de que estén legalmente justificados para dispararte".
"Derecho a portar armas"
Esas declaraciones fueron condenadas por varias asociaciones defensoras del porte de armas, incluida la organización Gun Owners of America (GOA), que rechazó la idea de que los policías tuvieran derecho a disparar contra personas que portaban un arma de manera legal.
"La Segunda Enmienda protege el derecho de los estadounidenses a portar armas mientras protestan, un derecho que el gobierno federal no debe infringir", dijo GOA en un comunicado. La Asociación Nacional del Rifle (NRA) calificó de "peligrosas y falsas" las palabras del fiscal Essayli.
"Las voces públicas responsables deberían esperar a una investigación completa, no hacer generalizaciones ni demonizar a los ciudadanos respetuosos de la ley", dijo la NRA en X. En la oposición, algunos también fustigaron la respuesta del Gobierno.
En una serie de publicaciones en X, Gavin Newsom, gobernador demócrata de California y fuerte crítico de Trump, respondió a los distintos responsables del Gobierno que justificaban las acciones de los agentes. "La administración Trump no cree en la Segunda Enmienda. Bueno saberlo", escribió Newsom.