CIUDAD DE MEXICO, 19 de octubre (HUFFPOST MEXICO).- Mientras que el gobierno federal implementó recortes a programas públicos en 2013, el gasto en publicidad y comunicación de la Secretaría de Salud se disparó, sin una estrategia para conocer si la inversión de recursos públicos ayudaría a prevenir enfermedades o mejorar la salud de los mexicanos.
La cuarta y última investigación de la serie Salud Deteriorada, realizada por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, detalla cómo la Secretaría de Salud ha incrementado su presupuesto en materia de publicidad y comunicación durante los últimos tres años, hasta convertirse en la dependencia que más gastó en la administración pública federal, ejerciendo un total de 3,705 millones de pesos entre 2015 y 2017.
Sin regulación explícita y vigente ni exigencia de rendición de cuentas se crea un ambiente perfecto para el gasto discrecional, espacios susceptibles a la corrupción y el dispendio en el ejercicio de recursos públicos”.- Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
El estudio analizó los contratos y registros de gasto de la Secretaría de Salud en materia de comunicación social, durante los ejercicios fiscales 2015, 2016 y 2017, en específico, aquellos relacionados con las declaraciones de emergencia epidemiológica. Alrededor del 70 por ciento de los 433 contratos de publicidad oficial fueron destinados a campañas contra el Zika, Dengue y Chikunguya.
Sin embargo, se descubrió que “no existió una sola evidencia de evaluación de campañas, con esto, es prácticamente imposible demostrar que los recursos fueron utilizados eficientemente”.
Estaríamos frente a un escenario de ejercicio de recursos con poca regulación y mínima evaluación. Este gasto representaría un costo alternativo desperdiciado en detrimento de la salud de la población”.- Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
El estudio de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad planteó tres recomendaciones a partir de los hallazgos del estudio:
Reconocer la necesidad de evaluaciones obligatorias de las campañas de promoción de salud para estimar su impacto y resultados.
Desarrollar mecanismos de trazabilidad de contratos que faciliten el seguimiento del desempeño de las campañas.
Hacer partícipe a la sociedad civil organizada desde la integración de un padrón de medios, la ejecución de las campañas y su evaluación.