CIUDAD DE MEXICO, 30 de agosto (AFP/EL UNIVERSAL).- Colectivos de familiares de personas desaparecidas y activistas se manifestaron este jueves en distintas localidades para denunciar el “terror, barbarie e impunidad” que reina en México, donde se desconoce el paradero de más de 37,000 personas, según cifras oficiales.
En la capital se manifestaron en el emblemático Paseo de la Reforma y otros ante la catedral Metropolitana, donde tuvieron roces con personal del recinto religioso que arrancó imágenes de personas desaparecidas colocadas en las rejas que rodean el templo.
“Aunque la justicia tardía no es justicia, queremos saber quiénes lo hicieron, por qué lo hicieron, quiénes dieron esa orden”, clamó una madre al leer un manifiesto del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.
En la protesta, enmarcada en el Día Mundial de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, destacaron innumerables fotografías de personas reportadas como desaparecidas en este país que es golpeado por una ola de violencia ligada al narcotráfico.
“Seguimos sin tener certeza de la cantidad real de personas desaparecidas, las cifras oficiales apuntan que son más de 37,000, sabemos que son miles más y el Estado también lo sabe (...) en este México de terror, barbarie e impunidad”, señala el movimiento.
Esta organización manifestó su preocupación de que el presidente electo, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, mantenga a las fuerzas armadas en las calles para combatir al Crimen Organizado pese a que en su campaña envió mensajes contrarios.
En diciembre del 2006, el Gobierno Federal lanzó el controvertido operativo militar contra las drogas y desde entonces, en medio de una escalada de violencia, se han registrado más de 200,000 muertes según cifras oficiales, que no especifican cuántas estarían ligadas al Crimen Organizado.
Un caso emblemático de desapariciones es el de los 43 estudiantes de magisterio de Ayotzinapa, en el sureño Estado de Guerrero.
Los jóvenes fueron detenidos la noche del 26 de septiembre de 2014 por policías, quienes los habrían entregado a un cartel local que los habría asesinado para luego incinerar los cuerpos y arrojar las cenizas a un río, según la Fiscalía General.
Esa hipótesis ha sido duramente criticada por familiares de los chicos y activistas, en tanto fue descalificada por expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que realizaron una investigación independiente.
El miércoles, el presidente Enrique Peña Nieto respaldó la hipótesis de la Fiscalía General, lo que desató numerosas críticas.
En respuesta a Peña Nieto, el Equipo Argentino de Antropología Forense, que participó en la investigación independiente, recordó que no encontraron elementos para sustentar la incineración de 43 cuerpos.
En un comunicado, el equipo argentino lanzó un llamado a ampliar la investigación “para que se les pueda dar una respuesta certera (a los padres) sobre lo ocurrido con sus hijos”.
“País lleno de sangre y muerte”
La Glorieta de Cuitláhuac fue testigo del pronunciamiento del movimiento con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
Organizaciones y familiares de las víctimas acusaron que durante los últimos dos sexenios, el terror y la impunidad han prevalecido y resultado de esa situación, el país tiene más de 37 mil personas desaparecidas.
“Las familias de personas desaparecidas nos encargaremos de que la historia recuerde que Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto dejaron el país lleno de sangre y muerte, de dolor e impunidad, nos encargaremos de grabar en la memoria de los mexicanos que estos crímenes atroces fueron cometidos y perpetuados por ellos, sus partidos y sus colaboradores. Haremos que no olviden la indolencia con la que trataron a las miles de familias y que jamás tomaron la responsabilidad de construir seguridad y justicia”, enfatizaron.
Afirmaron que “ha sido su ambición de poder, su incapacidad de brindar seguridad a la población, sus guerras y su soberbia de no reconocer su ineficiencia es lo que ha provocado la desaparición de nuestros familiares”.
Respecto al gobierno entrante del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, los miembros del Movimiento indicaron que con mayoría en el Congreso, “no tendrán pretextos” para no frenar la impunidad que ha prevalecido.
Expresaron que exigirán un plan de trabajo en el que los familiares de las víctimas tengan una participación efectiva “y que finalmente nos dote de herramientas de búsqueda y fortalezca a las instituciones para encontrar a nuestros familiares desaparecidos”.
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México aseguró que continuará en la lucha hasta encontrar a todas las víctimas, se llegue a la verdad y tengan acceso a la justicia.
Jan Jarab, representante de la Oficina en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), refrendó su apoyo a las familias y les dijo que han logrado mucho para la adopción de la ley general.
Reiteró el mensaje que emitió previamente Jesús Peña en su representación, quien mencionó que para el país “romper el círculo de la impunidad es imperioso”.
Anta la transición de Gobierno, resaltó que combatir las desapariciones debe ser una prioridad de la próxima administración federal, así como garantizar la participación de las familias en todas las acciones a emprender.
Ismael Eslava, primer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), reiteró el compromiso del organismo con los familiares de personas desaparecidas.
“No hay condiciones adecuadas para atender la terrible problemática de las desapariciones en México”, dijo el visitador, quien añadió que la expedición de la ley no resuelve la situación, sólo es una herramienta.
Destacó que se requiere la voluntad política de las instancias de gobierno, la profesionalización de las fuerzas de seguridad y el establecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, entre otros aspectos.
Enfatizó que los familiares de las víctimas deben tener en todo momento un trato de calidad y con calidez.
Chasel Colorado, representante de Amnistía Internacional, condenó el “trato de indolencia” del gobierno de Enrique Peña Nieto y dijo que la administración de Andrés Manuel López Obrador tiene la oportunidad de brindarles justicia a las víctimas de desaparición y a sus familiares.
En representación de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, enfatizó: “Cada vez pasa más tiempo y sentimos más dolor”.
Recordó que están por cumplirse cuatro años de la desaparición de los estudiantes y aunque no han obtenido respuesta de las autoridades, ellos no se rinden y siguen en la lucha por sus seres queridos.
Denisse González, representante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, dijo que continuarán brindando su apoyo y revisando lo que se hace para combatir ese flagelo.
Recordó que el Consejo emitió un comunicado en el que urgen a garantizar el pleno funcionamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Al mitin arribaron las madres del colectivo Eureka, quienes concluyeron en ese lugar su huelga de 40 horas, la cual realizaron en memoria por el movimiento que se llevó a cabo hace cuatro décadas.