Cinco Estados los acaparan y no dicen dónde están
CIUDAD DE MEXICO, 25 de agosto (SinEmbargo).- Los gobiernos estatales y municipales de Chihuahua, Coahuila, Durango, Sonora y Zacatecas, que concentran un 80 por ciento de los recursos del Fondo para el Desarrollo de Zonas Mineras, no reportaron el destino de 3 mil 017 millones de pesos (34.43 por ciento) de los 8 mil 762 millones de pesos recibidos de 2014 a 2017, revela Fundar en el anuario 2018 “Las actividades extractivas en México”.
“La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) no exigió una rendición de cuentas exhaustiva a los municipios y estados sobre el dinero que se les asignó vía el Fondo Minero, por lo que aún se desconoce el destino de una importante cantidad de recursos”, afirmó la investigadora del centro de análisis Beatriz Olivera.
“Es urgente que las entidades federativas y sus respectivos municipios aclaren y comprueben los recursos que han recibido del Fondo Minero y que, en caso de no hacerlo, se impongan las sanciones correspondientes a los servidores públicos involucrados”, recomendó en el informe.
En el periodo referido, la Sedatu fue encabezada por el Senador priista Carlos Ramírez Marín (2013-2015), el ex Procurador Jesús Murillo Karam (2015) y por Rosario Robles Berlanga (2015-2018), actualmente en prisión preventiva por presunta omisión en reportar irregularidades en esta dependencia y en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) observadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El Fondo Minero entró en vigor en 2014 y se constituye por el pago de las empresas extractivas por los derechos a la actividad minera (especial, adicional y extraordinario). Con el fin de elevar la calidad de vida de los habitantes de estas regiones, el artículo 271 de la Ley Federal de Derechos establece que deberán usarse para generar inversión física con impacto social, ambiental y de desarrollo urbano.
“Sin embargo, desde su creación, el Fondo ha presentado serias deficiencias en cuanto a la gestión de los ingresos, la aplicación de sus recursos y los mecanismos de participación y toma de decisiones en sus comités de funcionamiento”, expuso Olivera.