La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó que el retiro de la calidad de donatarias autorizadas a diversas organizaciones civiles sea una decisión política de su gobierno, y aseguró que se trata de evaluaciones técnicas realizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria respondió a cuestionamientos sobre críticas de distintos sectores que han señalado una supuesta persecución contra organizaciones que han sido opositoras o críticas del gobierno federal.
¿Por qué el SAT retira la calidad de donatarias?
Sheinbaum explicó que el proceso mediante el cual una organización pierde la posibilidad de recibir donativos deducibles de impuestos responde a criterios legales y fiscales, no a decisiones discrecionales del Ejecutivo.
Detalló que el SAT aplica revisiones técnicas basadas en el cumplimiento de la normativa, como el origen de los recursos. Por ejemplo, señaló que si una organización recibe financiamiento del extranjero en condiciones que no cumplen con la ley, puede perder este estatus.
La presidenta enfatizó que estas decisiones no pasan por su aprobación directa y que el SAT cuenta con autonomía operativa para aplicar la ley en materia fiscal.
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“No es una decisión del gobierno”, asegura Sheinbaum
Ante señalamientos de autoritarismo o intervención política, la mandataria fue clara: “no es una decisión política del gobierno, es una decisión técnica del SAT”. Incluso afirmó que no tenía conocimiento previo sobre el número de organizaciones afectadas.
También subrayó que el funcionamiento del gobierno implica que cada dependencia actúe conforme a sus atribuciones, sin que todas las decisiones deban ser consultadas con la presidencia.
Legalidad y combate a irregularidades
Sheinbaum comparó el caso con otros procesos legales, como la detención de personas, donde existe un procedimiento institucional que no depende de órdenes directas del Ejecutivo.
Además, recordó que existen mecanismos de auditoría y sanción en caso de irregularidades por parte de servidores públicos, en el marco de una política de combate a la corrupción.
El posicionamiento de la presidenta busca deslindar al gobierno federal de las decisiones del SAT, en medio de un debate sobre el papel de las organizaciones civiles y el cumplimiento de las normas fiscales en México.
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